El Concello de Sarria da luz verde al pago de 73.780 euros por dos demandas

La principal cuantía es la indemnización a la fábrica de As Insuas y la segunda se debe a la denegación de una licencia de obra en el bulevar
Fábrica de As Insuas.
photo_camera Fábrica de As Insuas. AEP

El Concello de Sarria ha autorizado en la última junta de gobierno local el pago de dos reclamaciones de responsabilidad patrimonial por un importe que suma en total 73.780 euros. La mayor cuantía (57.653) corresponde a la indemnización que deberá pagar el Ayuntamiento a la fábrica de As Insuas que cerró por decreto en 2015 mientras que los 16.127 euros restantes son por una licencia que denegó en el año 2011 para restaurar un inmueble en el bulevar de Calvo Sotelo.

En ambos expedientes, la justicia les dio la razón a los vecinos demandantes, quienes formularon sendas reclamaciones patrimoniales contra el Concello por los perjuicios causados.

El caso más reciente y que también resultó más polémico fue el de la empresa Puertas Loyo, del barrio de As Insuas, clausurada por un decreto de alcaldía en diciembre de 2015, anulado por un juzgado de lo Contencioso-administrativo en marzo de 2018.

El Concello recurrió aquel fallo, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó la sentencia en noviembre de 2019, tras lo cual los propietarios de la fábrica presentaron una reclamación de responsabilidad, dado que tuvieron que alquilar y acondicionar unas nuevas instalaciones en el polígono de O Morelle para trasladar allí su actividad.

Consello consultivo. El Ayuntamiento les indemnizará ahora con un total de 57.653,59 euros por el daño emergente y el lucro cesante, cantidades avaladas por un informe del Consello Consultivo de Galicia, que ve una relación directa entre la actuación de la administración local y los daños causados a los demandantes.

La segunda reclamación de responsabilidad patrimonial tiene su origen en diciembre de 2011, cuando una empresaria pidió licencia de obra al Concello para restaurar un inmueble en el bulevar de la calle Calvo Sotelo con vistas a trasladar su negocio a esta zona.

La administración sarriana desestimó su petición de licencia urbanística para obra mayor, alegando que la edificación estaba fuera de ordenación por incumplir el ancho mínimo de la fachada.

Un año más tarde, al seguir paralizado el expediente, la mujer decidió presentar un recurso en el juzgado Contencioso-administrativo, que en marzo de 2015 estimó su petición ordenando continuar la tramitación del permiso.

El Ayuntamiento también recurrió la sentencia, pero el TSXG ratificó el fallo. La empresaria formuló reclamación patrimonial porque, al no poder instalarse en el edificio que había comprado, tuvo que alquilar otros bajos para ejercer su actividad.

La junta de gobierno ha dado ahora luz verde al pago de una indemnización de 16.126,93 euros. En ambos casos, los afectados demandaban mayores cuantías.

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