El Ayuntamiento de Sarria demanda a la Xunta de Galicia que arregle el firme de la Rúa Diego Pazos, entre los cruces de A Avenida y A Ciguñeira, al denegarle en dos ocasiones la autorización para hacerlo el propio Concello, la última la pasada semana.
La Administración autonómica no concedió el permiso al Ayuntamiento argumentando que la actuación "non pode ser considerada unha reparación provisional nin puntual" ni es compatible con el proyecto de reforma integral de la vía autorizado en abril de 2018.
Ante ello, el alcalde, Claudio Garrido, insta a la Xunta, como titular del vial, que la repare "en las condiciones que considere", ya que "no le permite" al Concello "ejecutar una reparación que garantice unas condiciones mínimas exigibles". Defiende que el Ayuntamiento preveía ejecutar una reforma "provisional" del firme y el ente autonómico, "de forma incomprensible e irresponsable, está impidiendo que los vecinos tengan una vía que garantice mínimamente una circulación con seguridad". Por ello, le reclama que la arregle o, si considera que no reúne las condiciones necesarias, cierre la calle.
El alcalde reitera que el Concello no va a ejecutar ahora una reforma integral de Diego Pazos, ya que lleva a los juzgados las deficiencias en los trabajos de la calle, exigiendo responsabilidades civiles a la empresa y la dirección de obra. Esta actuación fue parada en febrero de 2019 por defectos en las aceras. Las obras fueron "mal hechas" y Garrido considera que los "ciudadanos no deben pagar doblemente la incompetencia de las administraciones". "Primero salió mal, no vamos a levantar la calle y volverla a pagar, se reclama a los responsables", insiste.
El regidor también acusa a la Xunta y al PP de "olvidar y engañar" sobre una mejora de Diego Pazos, pues "desde 2011 se comprometieron a realizar una reforma integral" que no se ejecutó. Recuerda que conselleiros anunciaron que se arreglaría. El gobierno local del PP, añade, aseguró en 2012 que había un proyecto, sin que se llevara a cabo, y, además, "perdió" una ayuda de "90.000 euros" de la Xunta.
