El Concello de Sarria procedió al desalojo de uno de los puestos de la plaza de abastos de la villa, que se encontraba ocupado con diverso material sin contar con permiso para ello, según indicaron fuentes municipales.
La orden de desalojo afecta a una frutería que permanecía cerrada y fue ejecutada por operarios del Ayuntamiento con la supervisión de agentes de la Policía Local y de un técnico, quienes comenzaron con esta labor en la mañana del lunes y finalizaron este martes.
Los efectos retirados, tales como cajas de frutas o palés, fueron depositados en un vehículo de la brigada de obras y trasladados a la nave que se usa como almacén municipal. La propietaria podrá recuperarlos si lo desea previo pago de una tasa por el depósito.
Según explicó el concejal de mercados, José Manuel López Torre, la placera sobre la que pesa esta orden de desalojo participó en la subasta de los puestos de la plaza y le fue adjudicado uno de ellos. Sin embargo, añadió el edil, no llegó a formalizar el contrato, por lo que perdió el derecho de ocupación. Desde el Concello le enviaron un requerimiento para que procediese a desalojar el puesto, de modo que pudiese entrar el siguiente en la lista. Se le concedió un plazo de cinco días para cumplir la orden y, al no hacerlo, fue la administración local la que procedió a su ejecución.
Un requerimiento similar le fue enviado al responsable de otro puesto que también llevaba tiempo sin actividad, el cual sí desocupó las instalaciones en el plazo establecido.
Se da la circunstancia de que la misma frutería ya tuvo orden de cierre a finales de 2016. Tras una denuncia anónima, el Concello ordenó aquel primer desahucio por falta de actividad, ante lo cual la placera alegó que solo hubo un paréntesis por enfermedad.
Tras aquel desalojo fueron revisados todos los puestos de la plaza de abastos de Sarria, concluyendo que en todos los casos sin excepción carecían de la autorización administrativa correspondiente para ejercer esta actividad.
Desde el gobierno ordenaron entonces el desalojo general, en una medida polémica, que finalmente no llegó a ejecutarse porque varios de los afectados presentaron recursos y, mientras se resolvían, se puso en marcha el proceso de regularización a través de una subasta pública de los nueve puestos que conforman este mercado municipal.
Finalmente, fueron adjudicados cinco de ellos, en una concesión por un período de diez años y con un canon mínimo de 120 euros al mes. Corresponden a la carnicería, la charcutería, la pescadería, una tienda de productos delicatessen y la frutería. Esta última es la que acaba de ser desalojada por el Concello por no firmar el contrato y pasará a ser ocupada por otro empresario que ya había pujado por ella en su día.
