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La clausura de la fábrica de As Insuas le costará al Concello de Sarria 57.600 euros

Instalaciones de la fábrica de puertas en el barrio sarriano de As Insuas.  AEP
Instalaciones de la fábrica de puertas en el barrio sarriano de As Insuas. AEP
La junta de gobierno aprueba la indemnización tras el informe a favor del Consello Consultivo

La clausura de la fábrica de As Insuas Puertas Loyo, acordada por el Concello de Sarria en el año 2015 en base a un decreto de alcaldía anulado después por el juzgado, le costará a las arcas municipales la suma de 57.653 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por el daño emergente causado a los dueños de la empresa y el lucro cesante.

La junta de gobierno del Concello de Sarria acordó este miércoles el pago de esta indemnización en base a un informe favorable del Consello Consultivo de Galicia, que reconoce el derecho de los propietarios de la fábrica a ser resarcidos por un deficiente funcionamiento de la administración local.

Las instalaciones de esta empresa del barrio de As Insuas fueron clausuradas por un decreto de la exalcaldesa, Pilar López, del 28 de diciembre de 2015, que volvió a ser ratificado por el Ayuntamiento en febrero del año siguiente.

Los afectados acudieron entonces al juzgado de lo Contencioso-administrativo, que anuló aquel acuerdo en una sentencia del 14 de marzo de 2018, confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en noviembre de 2019.

Una vez firme la decisión judicia, presentaron una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Concello de Sarria, reclamando la suma de 144.439 euros, cantidad en la que englobaban los perjuicios sufridos –tuvieron que alquilar y acondicionar unas nuevas instalaciones en el polígono de O Morelle para trasladar allí toda la estructura fabril–, los ingresos que dejaron de percibir por la clausura y el daño moral provocado.

CUANTÍAS. El Ayuntamiento, con el informe del Consello Consultivo, ha aprobado una indemnización que rebaja a 57.653,59 euros. Según la resolución del ente autonómico, esa cuantía se segrega del siguiente modo: 43.462,77 euros por el daño emergente; 1.618,39 por la tasa de apertura de establecimiento en un nuevo local; y 12.572,43 euros por el lucro cesante durante los dos meses (de febrero a abril de 2016) en los cuales Puertas Loyo no pudo producir.

Por daño moral no contempla ninguna cantidad al entender que no se puede considerar producido "de maneira automática" y que no se aportaron pruebas.

El Consello Consultivo determina que existe una relación directa entre la actuación de la administración local y los perjuicios que sufrieron los demandantes.

A este respecto reproduce varios párrafos "ilustrativos" de la sentencia que anuló la orden de clausura. "No puede el Concello acordar, sin más, de una forma tan genérica como irrespetuosa con el ordenamiento jurídico el cese de una actividad que cuenta con licencia por el mero hecho de la presentación de unas denuncias de un vecino aquejado por ruidos y emisiones de partículas sin hacer un mínimo esfuerzo probatorio a fin de conocer las circunstancias concretas y exactas de la referida actividad", señala, al tiempo que censura "decisiones administrativas que ciertamente no se pueden tolerar pues dejan al ciudadano en una total indefensión".

Los dueños de la empresa no se han manifestado de momento al no tener constancia oficial de la resolución de la reclamación patrimonial. En su día calificaron de "inxusto" el cierre y dijeron haberse sentido "impotentes".

OTROS ACUERDOS. La junta de gobierno también dio cuenta el miércoles del permiso por parte de Patrimonio para la pasarela de Ponte Ribeira, lo que paraliza el contencioso preanunciado por el Concello.

Por otra parte, acordó dar traslado al juzgado de las medidas tomadas en el polémico edificio con frente a las calles Matías López y Calvo Sotelo, sobre el cual pesaba una orden de derribo parcial y donde se ejecutaron una serie de obras para su legalización. Con este trámite se espera dar por zanjado el asunto tras años de litigios.

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