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La Audiencia confirma la condena al Concello de Sarria por impagos de un alquiler

La nave de Formigueiros. AEP
La nave de Formigueiros.
Desestima el recurso de la administración sarriana, que abonó unos 30.000 euros por rentas atrasadas de una nave

La Audiencia Provincial de Lugo ha confirmado una sentencia del juzgado de Sarria del 31 de julio de 2018 que condenaba al Concello a pagar las rentas adeudadas del alquiler de una nave de la Rúa Formigueiros desde el mes de agosto del año 2016 hasta el momento del fallo judicial.

La Audiencia desestima así el recurso presentado por la administración local sarriana, que el pasado año ya abonó al propietario de la nave los alquileres impagados -cerca de 30.000 euros- al solicitarse la ejecución de la sentencia. El Concello tuvo que adoptar también esta medida para frenar el embargo de la Casa dos Ulloa, inmueble de propiedad municipal cuya incautación había sido decretada por el juzgado en caso de no hacer frente al pago de los alquileres que debía.

La nave en cuestión había sido arrendada por el Concello en julio de 2014 y, aunque en agosto de 2015, notificó al propietario su intención de rescindir el contrato, continuó haciendo uso de estas instalaciones para guardar un vehículo y unas rampas de madera propiedad de dos clubs ciclistas.

El juzgado consideró probado que la nave siguió siendo empleada por el Concello, de modo que declaró prorrogado el contrato de alquiler por tácita reconducción entre el 20 de noviembre de 2015 y la misma fecha del año 2018.

El Ayuntamiento de Sarria presentó un recurso contra esta resolución, el cual acaba de ser desestimado por la Audiencia Provincial, que no da credibilidad a la versión del Concello según la cual este material fue trasladado al mercado ganadero en julio de 2017. "Parece lógico que el movimiento que se refleja en las fotos del acta notarial del 20 de julio tuviese como finalidad sacar las rampas para utilizarlas en la competición que se celebraba en esas fechas, pero sin que ello signifique que una vez finalizada no volvieran a su ubicación original, toda vez que aunque ha quedado acreditado que posteriormente se trasladaron a una instalación del Ayuntamiento lo cierto es que la primera noticia que se tiene de ese traslado es del 15 de enero de 2018", dice.

La Audiencia sí estima el recurso presentado por el abogado Jesús García Bernardo en representación del dueño de la nave en el que pide que los intereses que se apliquen en este caso sean los de la ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El ente judicial no realiza expresa condena de costas porque, según indica, existen dudas sobre la fecha concreta en la cual el Ayuntamiento abandonó definitivamente el inmueble alquilado.

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