La Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión para dos empresarios de la comarca por un presunto fraude a la Seguridad Social de 135.160 euros. Ambos están acusados de no abonar a este organismo las cuotas de sus trabajadores durante un período de cuatro años y serán juzgados el próximo viernes, a las 10.00 horas, en la Audiencia Provincial de Lugo por este caso proveniente del juzgado de primera instancia e instrucción de Sarria.
Los dos encausados, un hombre y una mujer, eran administradores de una sociedad, explica el fiscal. Un 20 por ciento de esta empresa pertenecía al varón, quien actuaba como administrador único, mientras que el 80 por ciento restante era propiedad de otra entidad mercantil que tenía como responsable a la segunda acusada en el proceso.
"OPERACIÓN FICTICIA". Según recoge el escrito del ministerio público, el 16 de enero de 2012, "en una operación ficticia", el hombre supuestamente transmitió 3.006 participaciones sociales a la empresa de la mujer.
Entonces, el día 20 de ese mismo mes, él se dio de alta como trabajador por cuenta ajena, "declarándose en múltiples ocasiones en situación de incapacidad temporal pretendiendo que el pago fuera asumido por la mutua cuando en realidad era él quien ejercía las funciones de dirección y mantenía el poder de control efectivo de la empresa". Por ello, fue preciso su regularización de oficio como trabajador autónomo, para lo que se realizaron las actas de liquidación correspondientes, señala el fiscal.
En los primeros años la empresa en cuestión no cuenta con trabajadores dados de alta, a excepción del acusado, pero a partir de 2014 comienza a contratar empleados ante el "aumento de volumen del negocio", indica el ministerio público. Sin embargo, los dos acusados, "de forma consciente y guiados del ánimo de defraudar a la Seguridad Social", presuntamente no abonaron las cuotas correspondientes de sus trabajadores desde julio de 2014 hasta junio de 2018. Por ello, la deuda asciende a 135.160,48 euros, cuantía que reclama la Tesorería General de la Seguridad Social.
El ministerio público apunta que este organismo ya exigió a la empresa en diferentes ocasiones estos impagos, sin que la sociedad los abonara ni haya realizado ofrecimiento alguno alternativo, "apreciándose una conducta obstructiva, no aportando la documentación requerida e impidiendo la labor de inspección de la Seguridad Social". La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de fraude a esta entidad.
DEUDAS ANTERIORES. Según la Fiscalía, esta no sería la primera vez que el acusado habría tenido problemas con este organismo.
Tal y como explica en su escrito, el hombre es un "deudor sistemático" en sus obligaciones con esta entidad en las empresas vinculadas al sector de la construcción que administra, "manteniendo varias de ellas deudas con la Seguridad Social".
La Fiscalía pide que paguen 300.000 euros
Sin subvenciones
El ministerio público solicita también que no tengan la posibilidad de obtener subvenciones o gozar de los beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social en un plazo de cinco años. Además, pide su inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y el pago de las costas procesales.
