Jhon Henry tiene 44 años. Es colombiano, pero había pasado ya una temporada de cinco años residiendo legalmente y trabajando con contratos en España, en trabajos forestales y granjas de vacas. En 2016, un cáncer de su padre lo llevó de regreso a su país. Cuando su padre murió, su permiso de residencia ya había caducado, por lo que cuando la dueña de una granja de cerdos de Sarria lo llamó para ofrecerle trabajo y papeles decidió volver.
Las condiciones no eran malas: billete de avión, contrato legal, permisos -"te juro que te hago los papeles o me dejo de llamar Sara", asegura que le dijo-, casa donde vivir y 1.000 euros mensuales. Cuando llegó, la casa resultó ser una vivienda encima de las cuadras de los animales en la que el olor era insoportable, sin agua potable -"era la misma que sacaban para los cerdos del río con una motobomba; casi siempre estaba llena de lodo y teníamos vómitos y diarreas, pero no nos daban ni una pastilla porque no podíamos ir al médico al estar sin papeles"-, con un colchón desastrado sin sábanas ni mantas y con el baño roto; el sueldo nunca pasó de los 600 euros porque le descontaba el billete de avión; las jornadas laborales eran de diez o doce horas y teniendo que comprar él cualquier material que necesitara, como fundas o botas, y realizando tareas como coser a los cerdos sin guantes ni experiencia alguna. Y, por supuesto, sin papeles.
"Un día, con ella delante, un cerdo muy bravo que había me abrió la carne de la nalga de un mordisco. Pero ella no me quiso llevar al médico, y estuve varios días haciéndome curaciones con la herida infectada. Aún me duele", recuerda Jhon Henry, ahora más liberado desde que la Policía Nacional entró en la granja y detuvo a la mujer, por un supuesto delito de explotación y contra los derechos de los trabajadores.
Los agentes actuaron un mes después de que él mismo, aconsejado por su abogado, Ángel Vellé, interpusiera una denuncia en la comisaría de Policía de Lugo. Para poder ponerla tuvo que cogerse el único día libre de la semana que su patrona le dejaba.
ILUSIÓN TRUNCADA. Él llegó en noviembre del año pasado. Un par de meses después, el 2 de enero, comenzaba a trabajar en las mismas condiciones Santiago, hijastro de Jhon Henry, un chaval de 21 años que dejó sus estudios en Colombia convencido por la dueña de la granja. "Jhon me había dicho que no viniera, que no le habían dado los papeles", reconoce Santiago, "pera ella me convenció y me prometió papeles y contrato. Es la ilusión que uno tiene por salir de siempre lo mismo y tratar de conseguir lo que uno quiere".
A Santiago el billete le salió más barato, según le dijo, porque viajó en 31 de diciembre. Lo supo ya el primer mes, cuando no vio ni un euro para compensar el billete. Ni siquiera para comer. Aún le descontó otros 320 al mes siguiente, y el mes que más cobró fueron 900, ni siquiera los 1.000 prometidos.
"Había mierda por todas partes, el olor era insoportable", explica Santiago, que dormía bajo una manta que le había dejado un familiar "en el sofá de la cocina, porque el colchón no valía para nada, era como estar sobre el somier. Y con ese frío en invierno era imposible descansar".
El caso es que, según explican estos dos trabajadores, la dueña de la granja sí que se interesó por regularizar la situación en algún momento, e incluso acompañó a Jhon Henry a la Sudelegación de Gobierno para informarse. Pero cuando les dijeron que no era posible de la manera como lo había hecho, la mujer se desentendió: "Me dijo que me buscara a alguien que me los hiciera, que ella ya lo había intentado y que no era Dios", recuerda la víctima.
Ambos continuaron en la granja hasta este martes, conscientes de que sin papeles ni dinero estaban a merced de su empleadora. Así que siguieron trabajando de sol a sol, limpiando mierda sin protección alguna, cosiendo heridas, cogiendo placentas y animales muertos para tiralos sin ningún control en una fosa, siendo tratados con la misma atención que los animales a los que cuidaban: "Nos mandaba arrancarle dientes a los cerdos con unas tenazas. Cuando un cerdo se ponía enfermo, en lugar de sacrificarlo lo apartaba y nos prohibía darles de comer y beber, hasta que morían de hambre y sed".
Ahora son considerados víctimas de trata de personas. Tienen derecho a papeles de residencia y tres meses para regularizar su situación. Y un futuro.
