El titular del juzgado de primera instancia e instrucción número dos de Monforte ha dado por concluida la instrucción que se sigue contra los responsables de la empresa Alcor Seguridad, con sede en la ciudad, y ha decidido continuar con el caso al considerar que hay indicios de cinco posibles delitos, que serían los de vulneración de los derechos de los trabajadores, coacciones, falsedad documental, otra contra la Seguridad Social, descubrimiento y revelación de secretos y blanqueo de capitales. Los imputados son el monfortino Carlos Somoza y otros responsables de la empresa, como María Belén González Carballo y Antonio Soler Padilla.
El juez ha emplazado a la fiscalía, a la acusación particular, que ejerce la formación sindical Uso, y a los abogados de los investigados a que soliciten la apertura de un juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa. Uso anunció que se personará, estimando que si el proceso sigue los cauces normales de tramitación el juicio podría tener lugar dentro de aproximadamente un año.
El magistrado ha señalado que las investigaciones llevadas a cabo permiten concluir que Carlos Somoza y otros administradores de la empresa imponían a sus trabajadores la obligación de firmar una serie de folios en blanco a la hora de realizar la contratación, así como "jornadas maratonianas" de trabajo, de 24 horas. Añade que ello se hacía, presuntamente, "coercitivamente y con engaño", al tiempo que se les exigía la aportación de facturas como condición previa para abonarles las horas extraordinarias. Ello se tipifica como posible delito contra el derecho de los trabajadores y coacciones, pero también como falsedad documental.
CONSTATACIONES. En los autos aparece que hubo inspecciones de Trabajo y de la Seguridad Social que podían ser constitutivos de un delito contra esta última por la realización de numerosas actas de liquidación de cuotas por importe superior a 300.000 euros.
El juez incluye en los autos que Somoza y María Belén González, presumiblemente, "hicieron constar documentalmente que determinados trabajadores recibieron cursos de formación cuando en realidad no los hicieron", algo tipificado como falsedad documental, mismo supuesto delito que "presentar documentación falsa ante el Principado de Asturias para obtener la instalación de cámaras de vigilancia antivandálicas", según se recoge en el sumario judicial.
Asimismo, se cita que Carlos Somoza, "presumiblemente, ocultó el carácter ilícito de las distintas cantidades obtenidas de las actividades ya relacionadas para de esta forma poner en circulación los capitales ya blanqueados", algo tipificado como un delito de blanqueo de capitales.
PRUEBAS. La investigación judicial contra la empresa de seguridad privada Alcor incluye meses y meses de escuchas telefónicas a numeroso personal de la compañía, incluidos los miembros de la dirección.
También recoge las declaraciones de varios trabajadores sobre las prácticas irregulares en las que supuestamente incurría Alcor con las horas, contratos y pagos a los empleados que la firma tenía repartidos por todo el territorio nacional en obras públicas y en numerosos edificios de ocio, judiciales o educativos dependientes directamente de administraciones públicas.
La Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) de la Policía Nacional fue la encargada de investigar el supuesto entramado ilícito orquestado por los responsables de Alcor.
El procedimiento acabó con la detención cautelar de Carlos Somoza en el mes de octubre del 2015 y su estancia durante dos días en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional de Monforte, al tiempo que se era incautada la caja fuerte situada en la sede de la empresa, en la Rúa Estrela. Tras pasar a disposición judicial había quedado libre.
