El anuncio realizado por el alcalde de Monforte a principios de 2017 de que no tendría piedad con aquellos hosteleros que incumpliesen el horario de cierre, advirtiendo a todos de que se enfrentarían a importantes sanciones económicas o incluso al cierre de los locales, no ha hecho mella alguna entre los profesionales del sector del ocio nocturno.
Si el año 2018 se cerró con un total de 158 expedientes tramitados por los agentes de la Policía Local, en los primeros siete meses de este ejercicio se han contabilizado 59, que acumulan solamente ocho pubs, todos situados en la Rúa Duquesa de Alba, donde se concentran la práctica totalidad de los locales de copas de Monforte.
Si se halla una media, en 2018 se tramitaron trece expedientes sancionadores al mes, cuatro más mensualmente de los cubiertos hasta este pasado mes de julio.
Los vecinos de la Rúa Duquesa de Alba se muestras escépticos con los resultados disuasorios de las amenazas de sanción. Los residentes consultados, que dijeron entender que las fiestas patronales no pueden ser tenidas en cuenta, destacaron que "el problema no es que tengamos que padecer ruidos durante los seis días que duran los festejos, sino a lo largo de todo el año todos los fines de semana y que siempre sean los mismos locales los infractores".
Por ello, el vecindario espera que se comiencen a imponer las primeras multas para, destacaron, "ver si les entra de una vez por todas el miedo en el cuerpo y dejen de campar a sus anchas, como si la Rúa Duquesa de Alba fuese una especie de coto particular en el que ellos pueden hacer lo que les venga en gana", declaró un residente en la calle que quiso mantenerse en el anonimato por miedo a recibir represalias.
SENSIBILIDAD. El regidor monfortino, José Tomé, se ha referido en varias ocasiones a las quejas vecinales en la Rúa Duquesa de Alba relativas al problemas de ruidos que padecen. Al respecto reiteró que no puede solucionar en cuatro años una situación enquistada desde hace más de 30, destacando que ha oído las reclamaciones de los residentes en la zona y de ahí que comenzase en 2017 a articular las medidas necesarias para que todo aquel que sobrepase los límites establecidos lo pague.
Tomé dictó a lo largo del pasado año varios decretos de cierre de establecimientos situados en esta calle al constatar que sus licencias estaban caducadas.
