El Ayuntamiento de A Pobra do Brollón ha decidido poner en marcha un plan B para habilitar un albergue municipal. El alcalde, José Luis Maceda, señaló que quiere poner en funcionamiento el servicio a mediados de este año y para ello se habilitará el segundo piso del edificio donde se encuentra el colegio de educación infantil y primaria.
Actualmente, esta planta del inmueble, situado en la Avenida de Outeiro, está en desuso. La idea es que en el futuro sirva como espacio para el alojamiento de peregrinos, que compartirían edificio con los escolares, que acuden a clase en la planta baja, y los alumnos de la escuela de música, cuya actividad se desarrolla en el primer piso.
"É preciso acondicionar o servizo, climatizalo e preparar ben o chan, os corpos e as ventás", explicó el regidor, quien subrayó que el plan es una iniciativa municipal que permitirá "saír do paso", pues el proyecto inicial para el albergue está paralizado por la Xunta tras detectarse una serie de posibles irregularidades en la gestión de expedientes por parte de un exalto cargo de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).
Maceda aclaró que la puesta en marcha del servicio en esta nueva ubicación supondrá un coste de 120.000 euros. Un convenio con la Diputación de Lugo permitirá la financiación.
PENDIENTE. El alcalde brollonés concretó que este plan B se ha activado ante la previsión de que se alargue mucho en el tiempo el proceso judicial abierto contra la tramitación de los expedientes que permitiría al Ayuntamiento acceder a la subvención para habilitar el albergue. La ayuda es de unos 100.000 euros.
El plan inicial preveía la apertura del alojamiento a finales de 2021, lo que finalmente no se ha producido. El servicio iba a ubicarse en una casa adquirida por el gobierno local en la Praza da Condesa, una situación que el propio Maceda considera más apropiada para el establecimiento, pues se encuentra en pleno centro de la capitalidad municipal y a escasos metros del Camino de Invierno.
El caso. El exalto cargo de Agader investigado es Javier Blanco, un antiguo subdirector del ente acusado de presunta prevaricación al gestionar expedientes. La Xunta sostiene que fue cesado al poco de llegar Inés Santé a la a Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural y que las supuestas irregularidades fueron puestas en manos de la Fiscalía al detectarse.
