Dos responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se sentaron ayer en el banquillo de los acusados del Penal número 1 de Lugo por su presunta responsabilidad en el voraz incendio registrado hace seis años en San Clodio, en Ribas de Sil. El fuego calcinó más de 23 hectáreas, quemó dos vehículos y dejó heridos a cinco brigadistas.
Tras el suceso, los vecinos de la zona barajaron como principal hipótesis que el incendio había sido provocado, pero las investigaciones concluyeron que el fuego se había originado en una torreta de corriente de media tensión, debido a su falta de mantenimiento.
Las pesquisas apuntaron como responsables a dos empleados que Adif, para los que el ministerio fiscal solicita sendas penas de diez años de prisión y multas de 2.800 euros. Las defensas, sin embargo, mantienen que los dos trabajadores cumplieron en todo momento con sus responsabilidades profesionales y solicitan su libre absolución.
Tal y como se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, en julio de 2016, el imputado ostentaba el cargo de "jefe de coordinación de inversiones en la subdirección de operaciones noroeste de la dirección de mantenimiento y explotación de red convencional norte de Adif", mientras que la acusada era "técnica de electrificación en la jefatura de área de mantenimiento de Ourense, de la subdirección de operaciones noroeste de Adif".
Los dos acusados eran responsables de la explotación y gestión de obras y mantenimiento de las líneas eléctricas, "ostentando el dominio real y eficaz de tales tareas de gestión y mantenimiento", en concreto, entre otras zonas, en la correspondiente al centro de suministros de Sequeiros y en las subestaciones de A Pobra de Brollón y San Clodio. Entre esas tareas de gestión y mantenimiento se encontraba evitar que los riesgos que se derivan de las instalaciones ocasionaran daños para el ecosistema "por defectuoso mantenimiento de las líneas".
Según los argumentos de la acusación pública, los acusados "no ordenaron ni llevaron a cabo las inspecciones y programas oportunos, ni adoptaron las medidas de control y vigilancia para garantizar que tales líneas tuvieran un mantenimiento adecuado y que los cables que discurrían por la zona entre la vegetación se encontrasen en perfecto estado de conservación". Por este motivo, en varios tramos, los cables estaban sometidos a mucha tensión y en contacto directo con los árboles, sin guardar distancia de seguridad, "ya que el crecimiento de la flora del lugar había afectado a su configuración inicial".
Ya que el crecimiento de la flora del lugar había afectado a su configuración inicial"
Esta situación provocó que sobre las 15.40 horas del 18 de julio de 2016, en la línea de alta tensión que daba suministro eléctrico a la subestación de San Clodio, los hilos conductores contactasen con la biomasa y provocasen un cortocircuito desde el punto de contacto hasta una torreta, en la que existía toma de tierra, causando varias chispas en el tendido.
Estas chispas, al contacto con la vegetación, originaron un incendio, que se extendió sobre aproximadamente 23,72 hectáreas de terreno. El fuego se dio por controlado a las 22.06 horas del 18 de julio de 2016, procediéndose después al enfriamiento y saneamiento del perímetro para evitar posibles reproducciones, por lo que el incendio no se dio por extinguido hasta las 18.09 horas del 19 de julio de 2016.
Extinción
La Fiscalía lucense explica en su escrito que, para sofocar el incendio, se desplazaron al lugar el jefe del distrito, un técnico forestal, seis agentes forestales, siete motobombas, doce brigadas de tierra, cinco helicópteros, dos hidroaviones, un bulldozer y cinco agentes de la Guardia Civil, por lo que los gastos de extinción del incendio ascendieron a la cantidad de 47.952,21 euros. Además, como consecuencia de estos hechos, se calcinó una motobomba y un vehículo Nissan. La acusación pública solicita que los dos acusados indemnicen, "conjunta y solidariamente" a la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia en la referida cantidad .
