La Audiencia Provincial de Lugo celebró este jueves un juicio contra el gestor de sucursal de Abanca en A Barrela entre los años 2011 y 2016, con iniciales R.R.P., acusado de estafar 84.850 euros a varios clientes de la sucursal, todos ellos de avanzada edad. Junto a él, también se sentó en el banquillo de los acusados J.L.L., un cliente de la entidad que colaboró con el gestor para estafar a su propio tío.
El ministerio fiscal solicitaba inicialmente una condena de ocho años y nueve meses de prisión para el trabajador de Abanca por los delitos de estafa y apropiación indebida, mientras que para el otro acusado solicitaba dos años de cárcel como cooperación necesario del delito de apropiación. Sin embargo, los dos hombres reconocieron este jueves los hechos ante el tribunal y la Fiscalía reconoció que concurría en este caso la atenuante de dilaciones indebidas, por lo que rebajó su petición a dos años de prisión y multa de 1.080 euros para el gestor, así como a un año de cárcel y 540 euros de multa para su compinche en alguna de las operaciones.
Los abogados de la defensa se mostraron conformes con las nuevas penas solicitadas por el ministerio público, pero la acusación particular, ejercida por Abanca, estima que no concurre la atenuante de dilaciones indebidas y mantuvo su petición de ocho años y nueve meses de cárcel para el gestor, que también se encargaba del despacho de Castro de Carballedo, y dos años de prisión para el otro acusado. La entidad bancaria ya indemnizó a las víctimas, por lo que le reclama el dinero a los imputados.
Las acusaciones argumentan que entre los meses de junio de 2011 y octubre de 2016, R.R.P. realizó diversas disposiciones indebidas sobre las cuentas de al menos cuatro clientes. "Tales operaciones consistían en retirar en beneficio propio o de un tercero cantidades en efectivo de las cuentas de los perjudicados sin contar con su autorización. Para ello, el acusado cubría los correspondientes documentos de reintegro e inducía a los clientes a firmarlos, aprovechando las circunstancias derivadas de su muy avanzada edad para hacerles creer que el documento que suscribían reflejaba otra operación, por la que realmente habían acudido a la oficina".
En alguna ocasión, el gestor actuó en connivencia con J.L.L., "que acudía a la entidad para efectuar retiradas en efectivo, sin ser titular ni persona autorizada para la gestión de las cuentas afectadas". Los dos acusados reconocieron estos hechos, por lo que las partes renunciaron a las declaraciones de testigos y peritos y el juicio quedó visto para sentencia.
