El proyecto para crear en O Saviñao, en el monte comunal de Seteventos, uno de los más grandes parques de producción de energía fotolvoltaica de España cumple trece años sin que haya comenzado a funcionar. Los promotores de esta iniciativa que se constituyó como una sociedad limitada denominada Solidaridad Solar, siendo sus representantes públicos Jesús Díaz Gómez y José Manuel González Illán, "no dan señales de vida", según declaró a este diario uno de los inversores, Andrés Ursega.
Esta persona encabeza la constitución de una plataforma de afectados para exigirle a ambos que den explicaciones, pero también con el fin último de recurrir a la Justicia para hacer valer sus derechos y, sobre todo, que el dinero invertido, en el menor de los casos 80.000 euros, pueda ser recuperado.
"Nuestra intención es contratar un bufé de abogados que nos represente, hablar con la comunidad de montes de Seteventos para saber si les pagan el alquiler de los terrenos y también con el Ayuntamiento de O Saviñao, con el fin de conocer cómo están los trámites administrativos", declaró Andrés Ursega.
El monte mancomunitario de Setevento fue alquilado para crear un macroparque fotovoltaico que a día de hoy es un total fiasco
El promotor de la plataforma de afectados añadió que hay "muchas familias que se han hipotecado pensando que el proyecto de Solidaridad Solar saldría adelante, pero, tristemente, trece años después, no hay nada de nada. Llamas por teléfono a Illán y siempre da la misma contestación: que pregunte dentro de 15 días porque espera un papel de no sé que ministerio".
Para Andrés Ursega, todo ello demuestra que no hay "buena intención por parte de los promotores, pues lo lógico sería que nos comunicasen si hay algún avance del proyecto, pero la desinformación es absoluta".
Incluso, Ursega habló de "una mala gestión de Jesús Díaz Gómez y José Manuel González Illán, pues hubo oportunidades para sacar adelante el proyecto a pesar de las dificultades".
HACE TRES AÑOS. La Audiencia Provincial de Lugo archivó en 2017 una denuncia contra los promotores de Solidaridad Solar por un supuesto delito de estafa debido a que había prescrito la causa.
Fue cuando se supo que la situación de Solidaridad Solar arrojaba un saldo negativo de 2,5 millones de euros, no tenía rentabilidad económica ni financiera y se había detectado un comportamiento de pagos irregular, según figuraba en la denuncia presentada hace tres años ante la Audiencia Provincial.
Asimismo, según el abogado de la acusación, el crédito vivo comercial de Solidaridad Solar alcanzaba en aquel entonces "la irrisoria cifra de 5.000 euros", por lo que toda operación de crédito por un importe superior implicaría un riesgo de impago.
El letrado, vista la sentencia, habló de recurrir a la vía civil para reclamar.
