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El fiscal rebaja cuatro años la petición a dos bancarios por la venta de preferentes

Los acusados, en la Audiencia de Lugo. P.V.
Los acusados, en la Audiencia de Lugo. P.V.
Solicitaba cinco años de cárcel para el director y la subdirectora de una oficina de A Barrela por estafar a una clienta, pero bajó a 10 meses porque recuperó el dinero. La defensa pide la absolución

El ministerio fiscal rebajó este martes la petición de cinco años a diez meses de cárcel para dos empleados de una entidad bancaria de A Barrela, en el municipio de Carballedo, acusados de estafar a una septuagenaria e imitar su firma para venderle 110.000 euros en preferentes. La Fiscalía rebajó en más de cuatro años la pena solicitada al reconocer las atenuantes de reparación del daño -ya que la clienta recuperó el dinero- y de dilaciones indebidas, ya que los hechos sucedieron hace más de una década.

Los dos acusados, M.R.R. y A.P.L. -que en 2009 desempeñaban en la oficina bancaria de A Barrela los cargos de director y subdirectora, respectivamente- negaron este martes ante la sala que tuvieran intención de estafar a la anciana. La acusada aseguró que en ningún momento le ofreció preferentes y dijo además que cuando se firmaron los contratos de adquisición se encontraba de baja laboral, por lo que ni tan siquiera estaba en la oficina.

El exdirector confirmó la versión de su compañera y explicó que él se limitó a seguir el protocolo de comercialización del producto que tenía el banco. "Era la viuda de un excompañero y conocía perfectamente cómo funcionaba la entidad. Se le explicaron las características de varios productos y el riesgo de cada uno. En ningún momento le insistí para que comprara preferentes porque no cobrábamos incentivos ni comisiones por comercializarlas y tampoco teníamos indicaciones ni presiones de la entidad para priorizar la venta de ese producto sobre otros", dijo.

La denunciante, por su parte, declaró que en ningún momento compró preferentes y que se enteró de que tenía 110.000 en ese producto cuando acudió a una oficina de la entidad en Vigo. "Mi marido fue director de esa oficina y se encargaba de todo; yo solamente acudía al banco a sacar dinero y no sabía nada de inversiones. Yo nunca firmé esos contratos. De hecho, en la fecha que figura en ellos yo estaba en Canarias", dijo.

El abogado de la defensa, sin embargo, aseguró que el día anterior de la firma, la mujer había estado en una clínica de estética en Vigo. "La denunciante adquirió las preferentes en 2009, siendo perfectamente consciente de los riesgos del producto, pero en 2012, justo cuando comenzó a salir en la prensa que podrían dar problemas, intentó recuperar su dinero como fuera. Nadie se puede creer que una mujer que actualizaba frecuentemente su cartilla tardara tres años en darse cuenta de que le faltaban 110.000 euros", argumentó.

En cuanto a los contratos, los peritos señalaron que las firmas de los documentos no se correspondían con la firma que realizó la denunciante ante notario, aunque reconocieron que "no se puede asegurar con total certitud, ya que se trabajó sobre fotocopias, y no sobre los documentos originales". El letrado de la defensa alega que las valoraciones "no son fiables". El fiscal, sin embargo, considera que son prueba suficiente para condenar a los acusados.

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