MONFORTE. La macrocausa abierta en 2015 bajo el nombre operación Noisa, que tenía como objetivo desmontar una supuesta red de tráfico ilícito de medicamentos encabezada por un empresario sarriano y con ramificaciones en diferentes puntos de Galicia y Cataluña, ha acabado en un total fiasco.
Así lo demuestra el hecho de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidiese archivar el proceso, algo que uno de los jueces de este tribunal, el del número dos, Ismael Moreno, no dudó en aceptar al no contar con pruebas sólidas para juzgar a alguno de los 49 detenidos en su día acusados, según su nivel de participación, en hasta seis infracciones punibles. El caso Noisa recogía la posible existencia de delitos contra la salud y la hacienda pública, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.
Ni una sola de estas acusaciones fueron probadas con informes emitidos por un equipo especializado de la Guardia Civil, pero tampoco por los informes requeridos a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMP), ni a los responsables del Servizo Galego de Saúde (Sergas) o al departamento homónimo que funciona en Cataluña.
Existía tal confusión tras las diligencias practicadas que se le pidió a la AEMP que informase de si la llamada distribución inversa (acaparamiento de medicamentos sacados de las boticas con recetas para luego venderlos en el extranjero a hasta diez veces su precio) había ocurrido. El 30 de junio de este año, este organismo emitió un documento en el que no cuantificaba el perjuicio sufrido, pero tampoco aportaba criterios para su cálculo, por lo que la Fiscalía no tuvo argumentos para imputar a los acusados por estafa.
La Audiencia Nacional también indicó, sobre otro supuesto punible, el delito contra la hacienda pública, que el Sergas aportó un informe sobre varias farmacias gallegas supuestamente implicadas en la trama en que se afirmaba que no se había producido fraude alguno. La consejería de Sanidad de la Generalitat de Catalunya aportó un dosier que iba en la misma línea que el de Servizo Galego de Saúde.
Ello propició que también se desmontase la acusación de la existencia de una contabilidad en B por parte de los principales encausados, el sarriano Carlos Iván López y sus hijos Noa y Javier, que llegaron a ingresar en prisión.
Y es que el fiasco de la operación fue de tal calibre que los investigadores ni fueron capaces de acreditar la existencia de recetas falsas o alteradas para sacar los medicamento de las farmacias «para su entrega a terceros con el fin de su exportación», tal y como se recoge en el auto de sobreseimiento y archivo de esta macrocausa que tuvo su origen en Monforte, donde Iván López era el propietario de una botica y disponía de un almacén de medicamentos en el bajo de un inmueble de la Rúa Irmáns Dapena, la calle que da acceso al hospital comarcal.
