El ministerio remite a la Audiencia Nacional a los que quieran recurrir la prórroga de la concesión

La prórroga a Ence fue autorizada por el Gobierno en funciones el pasado 20 de enero, según se recoge en la resolución firmada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, y por delegación de la propia ministra de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

En ella, Medio Ambiente fija también las condiciones bajo las que el Gobierno ha decidido prorrogar la permanencia de Ence en Lourizán y remite a la Audiencia Nacional a todos aquellos interesados en presentar un recurso contra esta decisión.

Las administraciones públicas y las entidades privadas tendrán un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución que otorga a Ence esta prórroga, que deberá presentarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

En dicha resolución, Medio Ambiente indica que Ence podrá disponer de una superficie de 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, comprendida entre el ferrocarril de Pontevedra y Marín y la carretera de unión de los puertos de Pontevedra y Marín, en el término municipal de Pontevedra.

CONDICIONES. El plazo de la concesión será de 60 años, comenzando el día 8 de noviembre de 2013, fecha en la que fue solicitada la prórroga por parte de Ence. Este plazo queda fijado al cumplimiento de las obras comprometidas por la empresa para mejorar la eficiencia energética, ahorro de agua y calidad ambiental, valoradas en 61 millones de euros. Si no se llevan a cabo, el plazo se reducirá automáticamente a 50 años. Ence tendrá que dar comienzo a esas obras en el plazo máximo de seis meses, debiendo quedar "totalmente terminadas" en el plazo máximo de dos años.

A cambio de esta concesión, Ence tendrá que abonar anualmente un canon de 1.575.730,13 euros al Tesoro Público por ocupar dichos terrenos, debiendo presentar los correspondientes justificantes de pago en el servicio de Costas en Pontevedra.

Medio Ambiente recuerda a la empresa que deberá cumplir "en todo momento" con lo dispuesto en su autorización ambiental integrada, así como las condiciones que establezcan las futuras normativas tanto nacionales como europeas.  Así, la pastera será responsable de los "daños y perjuicios" que puedan causar "directa o indirectamente" las actividades autorizadas.

Además, Ence tendrá que eliminar las balsas de seguridad y de regulación, realizando un tratamiento de integración en esa zona una vez retiradas "que sea acorde" con las actuaciones de integración paisajística previstas en el complejo; y no se permitirá "ningún tipo" de vertido ambiental, incluido tierras, escombros, materiales o productos generados por las obras.

Si Ence no cumple con alguna de estas condiciones, se declarará la caducidad de la concesión "con independencia de la tramitación del expediente sancionador que corresponda", debiendo desmantelar todas sus instalaciones industriales y adecuar la parcela donde se hayan ubicado las instalaciones objeto de esta concesión.