XX.AA. denuncia la pérdida de 1.100 empleos en el rural

La provincia de Lugo perdió más de 1.100 afiliados a la Seguridad Social agraria en el último año, y cerca de 10.000 en la década. Esta reducción de trabajadores en las ramas de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la caza se repite en toda Galicia, con una afiliación media actual de 50.500 personas, casi 3.600 menos que hace un año.

El secretario xeral técnico de Xóvenes Agricultores (XX.AA.), Juan Pérez, calificó de «alarmante» esta situación, ya que «podería supor un risco importante para o abastecemento de alimentos á poboación» debido al cierre de explotaciones que conlleva.

El dirigente sindical atribuye la disminución en el número de activos agrarios «á imposibilidade dos propietarios das explotacións agrogandeiras de asumir os excesivos custos de produción actuais». En este sentido, Juan Pérez recordó que a principios de 2010 el maíz costaba 153 euros la tonelada frente a los 247 actuales; la cebada pasó de 124 a 234, y el trigo, de 138 a 255 euros.

XX.AA. denuncia que frente a esta «subida exponencial» derivada de las «actuacións especulativas dos grandes almacenistas» de cereales, los ganaderos «non atopan compensación algunha nos prezos da súa produción».

Actuaciones

Desde Xóvenes Agricultores instan a las administraciones a adoptar «medidas urxentes» para paliar la crítica situación que atraviesa el medio rural y frenar así la pérdida de trabajadores.

Proponen, entre otras cuestiones, el incremento del IVA del régimen especial agrario para equipararlo al de otras actividades, la exención del impuesto de bienes inmuebles para las explotaciones ganaderas o que se evite la entrada en España de aquellas producciones extranjeras que no cumplan los requisitos europeos relativos a la sanidad y el bienestar de los animales exigidos a las explotaciones nacionales, para evitar la competencia desleal.

Así mismo, desde XX.AA. piden el «desbloqueo» de las ayudas pendientes de pago, como es el caso de las de Medio Rural referidas al contrato de explotación sostenible, que alcanzan los 23 millones en la comunidad gallega.

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