Vilanova sigue sin puente 9 meses después de las riadas

Un coche pasa por la plataforma colocada de forma provisional por el Concello (Foto: Xesús Ponte (AEP))
photo_camera Un coche pasa por la plataforma colocada de forma provisional por el Concello (Foto: Xesús Ponte (AEP))

Los vecinos de Vilanova, en el concello de O Corgo, siguen sin ver reconstruido el puente del pueblo, clave para comunicarse con el resto del municipio, nueve meses después de que se viniese abajo a causa de una riada.

El Concello, que en el mes de abril colocó una pasarela provisional que permite el paso de tractores y turismos, aunque no del bus escolar ni de las cisternas lácteas, asegura que el retraso en el comienzo de las obras del puente se debe a que aún no recibió autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Desde este ente estatal replican que el organismo no recibió el proyecto hasta marzo, que está cumpliendo los plazos y que confía en expedir en 15 días ese permiso.

Uno de los problemas de esa demora es que la llegada de las lluvias podría hacer que se pospusiese aún más la reconstrucción del viaducto, según admitió el alcalde corgués, el popular José Antonio Ferreiro. En ese sentido, indicó que los trabajos que más urgen son los de la creación de las estructuras en las márgenes del Tórdea que sustentarán la plataforma, que medirá 22 metros de largo por seis de ancho.

El regidor explicó que una crecida en el río podría impedir la adecuación del terreno y la construcción de dichas estructuras. Otro problema añadido, según admitieron desde el Concello, es que el actual paso se hizo de forma provisional, por lo que podría resultar inseguro en caso de haber temporales y subir el nivel del agua en el río Tórdea.

Ferreiro confía en que las obras no se demoren más ya que espera tener el visto bueno de la CH del Miño-Sil en días y, según subrayó, la Xunta de Galicia se comprometió a firmar un convenio con el Concello para sufragar las obras tan pronto se reciba esa autorización. El coste de la nueva infraestructura es de 145.000 euros, de los que el gobierno local está dispuesto a asumir el 30%.

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