La segunda jornada del juicio de la operación Campeón se centró, como era de prever, en determinar la participación en los hechos del único de los doce acusados que no ha pactado con el Fiscalía, el empresario Javier Rodríguez. Sin embargo, la entrada en escena de varios de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) que participaron en la investigación dejó en el aire una pregunta sin respuesta: ¿Por qué los instructores —juzgado y agentes— no hicieron nada para evitar que se consumara el cobro ilegal de 2,9 millones de euros públicos, dinero que luego desapareció en el pozo sin fondo de Laboratorios Nupel?
Es una pregunta que puede resultar clave, porque en realidad todo el caso Campeón se ha reducido a los delitos relacionados con las gestiones para conseguir fondos públicos de dos maneras: primero, a través de una subvención para el proyecto de unidosis de Nupel, que fue aprobada pero no llegó a cobrarse porque no se presentaron los justificantes necesarios, por lo que las acusaciones al respecto son en grado de tentativa; y, segundo, a través de un crédito del BEI por valor de 2,9 millones, que se aprobó y fue cobrado, por lo que el delito es consumado. Por el primero se le piden a Rodríguez 8 meses de prisión y multa de 496.000 euros; pero por el segundo, tres años y medio de cárcel y 9 millones de multa.
De ahí la curiosidad del letrado de Rodríguez, José Luis Fiuza, por conocer de boca del jefe de la investigación de la SVA los motivos por los que, sabiendo desde varios meses antes que se iba a cobrar ese dinero y teniendo las pruebas que supuestamente demuestran que se consiguió de manera fraudulenta, no se hizo nada para evitar su cobro y posterior desaparición. Dicho agente no pudo dar ninguna explicación: se limitó a confirmar que no tomaron ninguna medida y que eso era responsabilidad del juzgado instructor.
Solo uno de los nueve agentes de la SVA que testificaron pudo recordar sin dudar que Rodríguez participó en la trama
Fue, en cualquier caso, el único de los nueve inspectores de Aduanas que testificaron este miércoles que recordaba con cierta nitidez detalles de la investigación. O al menos recordar lo suficiente como para asegurar que no tenía dudas de que Javier Rodríguez estaba al tanto y participaba de las maniobras de su socio en Proitec, Carlos Monjero, de Jorge Dorribo, de Pablo Cobián y de los directivos del Igape para dar ese dinero a Nupel.
El resto de los agentes o bien habían tenido una participación limitada, en las escuchas o bien en los seguimientos, o recordaban muy poco. Ninguno de ellos fue capaz de responder a la pregunta sobre qué había hecho específicamente Rodríguez para que Nupel fue favorecido de manera ilegal en este asunto, más allá de algún encuentro puntual con otros acusados y sus múltiples conversaciones telefónicas con su socio. En varias de estas, además, le recomendaba que se alejara de Dorribo y que se apartara de todo este asunto, según puso de manifiesto el abogado defensor.
UNA BOMBA. También declaró en este sentido otro de los empresarios de Lugo a los que Dorribo había pedido ayuda para generar facturas falsas. "Javier me dijo que tuviera cuidado, que Jorge Dorribo era una bomba de relojería que podía explotar en cualquier momento y llevarnos a todos a la cárcel", reconoció este testigo.
Los testimonios de la jornada de este miércoles se completaron con varios testigos propuestos por la defensa de Javier Rodríguez, entre ellos dos empleados que llevan muchos años trabajando en Proitec. Ambos aseguraron que Rodríguez siempre se encargó de la sección de la empresa dedicada a la ejecución de proyectos e ingeniería, no a la de asesoría de empresas.
Coincidieron en que su jefe difícilmente podría colaborar en los expedientes para las subvenciones y créditos porque ni siquiera tiene ordenador. "No creo ni que sepa encenderlo", remachó uno de ellos, que explicó que ni siquiera usa el despacho en Proitec porque está prácticamente todo el día fuera, consiguiendo proyectos y vigilando las obras.
