EL ÚLTIMO viernes antes de las fiestas navideñas, el señor Gallardón presentó su última reforma estrella: el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada.
El secretismo con el que se ha elaborado este anteproyecto -sus compañeros de partido conocieron el texto esa misma semana-, el momento y la hora elegidos -un viernes por la tarde, el día en que empezaban las fiestas de Navidad-, y la puesta en escena -una medida rueda de prensa en la que el ministro se presentó en solitario- estaban pensados para causar el menor ruido posible, para no distraer a los españoles de sus días de fiesta y consumo. Seguro que el señor Gallardón contaba con las críticas de los colectivos de izquierdas tradicionalmente a favor del aborto, pero probablemente no esperaba tanto revuelo ni tanta oposición en las filas de su propio partido. No hay nada que disguste más a Rajoy que el ruido y las discrepancias internas, y en este asunto, más que un verso libre, le está saliendo un soneto disonante.
La actual ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en marzo de 2010, adopta el llamado modelo de plazos: hasta las 14 primeras semanas de gestación, prima el derecho de la mujer a decidir libremente; entre la semana 15 y la 22, podrá llevarse a cabo solo si existe riesgo para la salud de la mujer o del feto -previo informe médico-; a partir de la semana 22, la mujer solo podrá interrumpir el embarazo en dos supuestos excepcionales: cuando se detecten anomalías incompatibles con la vida o enfermedades incurables.
Este modelo busca equilibrar el derecho a decidir de la mujer y el derecho del nonato a la vida. En el primer plazo se le concede la plena autonomía a la mujer -el feto aún no está formado y no posee capacidad sintiente-, en el segundo plazo se preserva el derecho del nonato -solo se podrá practicar por razones médicas-, que se extiende al tercer plazo, puesto que es aquí, a partir de la semana 22, el momento que la comunidad científica ha establecido como el umbral de la viabilidad fetal, es decir, el momento en que el embrión adquiere la capacidad de vivir de manera independiente a la madre.
Bien, lo que el anteproyecto de Gallardón propone es eliminar el derecho de la mujer a elegir libremente en las primeras 14 semanas. El derecho del nonato prevalece en todo momento sobre el de la mujer -esta es la regla-, y únicamente en dos supuestos -las excepciones- la mujer podrá decidir la interrupción: en caso de violación (hasta las 12 semanas), y en caso de grave peligro para la salud física y psicológica de la madre (hasta las 22 semanas). ¿Cuántos casos conocen o se pueden imaginar que no entren en estos supuestos?
Además, el procedimiento para acogerse a uno de estos dos casos está plagado de obstáculos: la obligación de tener presentada la denuncia en comisaría para el supuesto de violación, la obligación de recibir el protocolo de asesoramiento asistencial y un plazo no menor de 7 días para tomar la decisión, o la obligación de acreditar «la situación de conflicto de forma suficiente» con dos informes médicos independientes acreditados por dos especialistas de dos centros sanitarios distintos. Y sí, no penaliza a la mujer, pero prevé penas de cárcel de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria a los facultativos que participen en un aborto fuera de los casos previstos.
La gran mayoría de países de la Unión Europea tiene vigente una ley despenalizadora del aborto y que sigue el modelo de plazos. Desde 1985, más de 40 países en el mundo han liberalizado sus leyes y solo unos pocos han aprobado leyes más restrictivas. ¿Reclama la sociedad un cambio en este punto de la legislación? ¿Cuáles son las razones para sustituir una ley que concuerda con las legislaciones europeas y ha sido aprobada hace tres años con el respaldo de una amplia mayoría? De momento, por lo que vemos en el contenido del anteproyecto y por la manera en cómo conduce su tramitación, el señor Gallardón demuestra responder a un único motivo ideológico. Cabría preguntarle al Tribunal Constitucional si es democrático que un Gobierno en democracia imponga la ideología de una minoría al grueso de la mayoría.
En la rueda de prensa, el ministro defendió su proyecto diciendo que «es el más progresista que ha hecho el Gobierno» -que Dios nos coja confesados-, y a quienes señalan que la ley supone un retroceso, respondió: «Es falso, lo que hace esta ley es situarnos en la vanguardia del siglo XXI». Tan vanguardista como era en el siglo XI ir a las cruzadas a hacer la guerra santa.
