El sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) cifró en más de un millón de euros las pérdidas que en las últimas semanas se registraron en el sur de Lugo a consecuencia de los destrozos que ocasionan manadas de jabalíes en cultivos de maíz, forraje y patacas. Por ello, los representantes de la central demandan ayudas a la Xunta y una urgente intervención para prevenir nuevos ataques, sin dejar de lado la necesidad de controlar el número de animales.
El secretario comarcal de UU.AA.. Xosé Randolfe Vilariño, alertó de que los daños se detectan sobre el 10% de las parcelas de cultivo precisamente en una época en la que se acaba de echar semilla. «Veremos o que pasa cando a colleita estea para recoller», apostilló, al tiempo que alertó de varios casos en los que los productores tuvieron sembrar hasta en tres ocasiones.
Randolfe, que estuvo acompañado ayer en Monforte por el secretario del área de desarrollo rural del sindicato, Xacobo Fejjóo, y por Mariano López Nieves, miembro de la ejecutiva gallega, precisó que la intervención de los jabalíes en las parcelas de la cooperativa Icos, con unas 2.500 hectáreas cultivadas, afectó a 250, de tal forma que las pérdidas se elevan a 425.000 euros.
Feijóo consideró que la Xunta se desentiende del problema que se sufre por los ataques de los jabalíes. «Non hai axudas e por iso nós imos tomar medidas para protexer os agricultores e a xente que ten plantacións aínda sen ser profesionais». Lo primero será demandar una entrevista con el jefe de servicio de caza de la Xunta en Lugo para establecer unas pautas que permitan realizar batidas y caza de espera para reducir la población de jabalíes.
Más caza
Al jefe provincial de caza se le pedirá que convoque a los responsables de los tecores del sur de Lugo para intensificar la caza y realizar una estimación de los daños causados por los jabalíes. La intención del sindicato es llegar a un entendimiento entre todas la partes para reducir la población de jabalíes.
En el caso de que no se alcance un acuerdo, el sindicato incentivará las denuncias contra las sociedades gestoras de los territorios de caza por considerar que son quienes deben controlar el número de animales en sus zonas.
