UU AA critica el modelo de reparto de ayudas de la Xunta a viticultores

El sindicato Unións Agrarias discrepa del modelo de reparto de ayudas que aplica la Consellería do Medio Rural a los viticultores afectados por las graves inclemencias climatológicas acaecidas en las cuatro Denominaciones de Origen de vino en las provincias de Ourense y Lugo.

En concreto, el Consello de la Xunta anunció este viernes que aprobará una línea de ayudas para los agricultores afectados por fenómenos adversos, como la tormenta de granizo del pasado día 27 de agosto, dotada con 1,5 millones de euros para la anualidad 2017/2018. Así lo trasladó la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, a los alcaldes de los municipios ourensanos de Cenlle y Castrelo de Miño, Gabriel Alén y Xurxo Rodríguez, en una reunión celebrada este viernes en la sede de la Xunta en Santiago.

Desde la organización agraria, tal y como ha indicado en un comunicado, se valora positivamente la "sensibilidad" mostrada hacia los productores de estos dos ayuntamientos, pero no se entiende que "se limite a los vecinos de dos términos municipales cuando todo el sector ha reclamado ayudas directas para las explotaciones que perdieron toda la producción desde las heladas del pasado mes de abril".

"Nadie a estas alturas del año niega la gravedad de la caída de la producción en las D.O. de Ribeiro, Valdeorras, Riberia Sacra y Monterrei, que además será claramente contrastable en las declaraciones de cosecha una vez que se realice la vendimia", ha subrayado el sindicato agrario.

En este contexto, ha continuado al respecto, sostiene UU AA que el departamento dirigido por Ánxeles Vázquez "hace un nuevo ejercicio de cinismo al aprobar las partidas de ayudas directas que antes definía como ilegales".

Por ello, el sindicato le ha trasladado a la conselleira que "la mejor manera de promover los seguros agrarios entre los productores es que éstos sean útiles, con modelos de pólizas adaptadas a Galicia y a precios equiparables a los de otras comunidades". En este sentido, ha denunciado que "mientras la Xunta cubre escasamente el 40 por ciento de los costes, en otras zonas productivas del Estado se llega al 65 por ciento que ampara la ley".