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Unos 130 camiones participaron en la caravana contra el decreto del carbón

Alrededor de 130 camiones de los transportistas autónomos que trabajan para la central de Endesa en As Pontes participaron en la caravana automovilística entre la localidad pontesa y el puerto de Ferrol contra la aplicación del decreto del carbón. A los camioneros se unieron decenas de familiares y vecinos, que los acompañaron en su ruta en vehículos particulares.

La protesta, convocada por la Plataforma en Defensa de la Producción Eléctrica en la comarca ferrolana -integrada por BNG, CIG y USTG-, denuncia que la aplicación del decreto del carbón en Galicia pone en riesgo sus puestos de trabajo, al priorizar el carbón nacional frente al importado, el que queman las térmicas gallegas de Endesa en As Pontes, y Fenosa, en Meirama (Cerceda), que agotaron sus yacimientos de lignito.

La caravana arrancó en As Pontes, pasadas las 10.30 horas, y pasó por Cabanas, Fene y el puente de As Pías, hasta llegar al puerto ferrolano de Curuxeiras, donde finalizó la protesta en torno a las 14.00 horas.

El alcalde pontés, Valentín González Formoso, afirmó que se trataba de un acto «para adoptar medidas para que el impacto del decreto sobre el sector sea el menor posible». Añadió que está «a favor de que ayude a mineros de otras comunidades, siempre y cuando a nosotros nos deje vivir».

«No vamos a entrar en guerras, que respeten nuestro trabajo», era otra de las ideas que repetían los camioneros durante la movilización. Fernando Blanco, de la CIG, mostró su satisfacción por la asistencia a la convocatoria de «practicamente a totalidade» de los camioneros que trabajan para Endesa. Además, anunció que «de aquí ó mércores, que é cando se prevé que a Unión Europea fale, vai haber outras mobilizacións».

Consecuencias

El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, ha alertado sobre las «graves repercusiones económicas y sobre el empleo» de la nueva regulación, ya que el decreto, dijo «no sólo va a perjudicar a la actividad directa de las centrales» de As Pontes y Meirama, «sino que va a afectar a la economía inducida». «Va a tener un impacto muy negativo», incidió y adviertió al Gobierno central de que la pérdida de trabajos «puede llegar a los 1.800 puestos», a causa de la reducción «drástica» de la actividad.

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