Tras doce años de litigios y reclamaciones, en los que llegó a intervenir el Tribunal Supremo, finalmente nada pudo evitar que ayer mismo comenzara la demolición de un chalé, que ocupa unos 400 metros cuadrados, en la atalaya de Figueras de Castropol. Un error en la calificación del suelo del vigente Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), aprobado en 2006, cambió de urbano a urbano no consolidado el terreno en el que se asienta y dio pie a la ejecución de la orden de derribo. El Ayuntamiento trató de subsanar el fallo con el Gobierno autonómico, pero ahora los dueños de la veintena de casas del lugar tendrían que presentar planes de urbanización o de compensación para asegurar sus inmuebles.
La Justicia tuvo en cuenta también otro error, como fue el hecho de no publicar una parte del proceso de la aprobación del PGOM de Castropol. Si bien es cierto que el origen del problema parece ser una disputa entre dos vecinos -el afectado y otro más.
Desde el Ayuntamiento, califican de «triste» que se haya llegado a este punto, por el que una persona perderá la casa en la que invirtió -aunque parece ser que ésta no es su vivienda habitual.
Dada la delicadeza y complejidad del problema, en el Ayuntamiento prefieren no hablar del tema, pero sí explican que el afectado solicitó la preceptiva licencia para edificar un chalé en la atalaya de Figueras, entre 2002 y 2003. Entonces, todavía estaban vigentes las normas subsidiarias de urbanismo que regían desde los años 80 y en ellas, el terreno en cuestión constaba como urbano. Ya había construidas una decena de viviendas en el lugar, que es uno de enclaves con mejores vistas sobre la ría de Ribadeo que hay en todo el estuario.
Justo en aquellas fechas, a partir de 2003, comenzó su andadura el vigente plan de urbanismo de Castropol, que se aprobó provisionalmente ya con un error que luego se mantuvo en la aprobación definitiva de 2006 que corrió a cargo del Principado: la zona de la atalaya pasó a ser suelo urbano no consolidado, por lo que, al igual que ocurre con los polígonos, para edificar habría que presentar planes de urbanización, que incluyesen una previsión de por dónde irían los servicios, las vías, y que contemplasen parte de la obra para uso público.
El Ayuntamiento se dio cuenta del error y casi desde el primer momento avisó al Principado de que era necesario revertir la calificación a como siempre había estado. Pero la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias lo aprobó tal cual.
El afectado será indemnizado pero aún no se sabe por cuánto. Podría volver a edificar en el lugar con la licencia de acuerdo al plan actual, pero se desconoce si lo hará. Cuando él obtuvo el permiso, también el Ayuntamiento se lo otorgó a otros tres propietarios más, que estarían en las mismas circunstancias si se les aplicase a todos la sentencia o si se iniciasen trámites legales contra ellos. En general, la atalaya entera está ahora fuera de ordenamiento.
