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Una guardería de 'enchufes', el nido de los imputados en Compostela

La gestión de una escuela infantil en la capital gallega ha llevado a la jueza que instruye la Operación Pokemon a imputar a directivos de la compañía Servicios y Materiales S. A. más conocida como Sermasa y a funcionarios, ediles y al alcalde de Santiago, que niega favorecer prácticas irregulares.

El primer edil, Ángel Currás, acusado de la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias, descarta, así consta en el sumario al que ha accedido EFE, que él haya tenido un "conocimiento" profundo del proceso de adjudicación de esta escuela infantil de Salgueiriños e, igualmente, de la contratación de su personal.

La magistrada Pilar de Lara ha levantado el secreto que pesaba sobre la práctica totalidad de la investigación, y este paso ha dejado al descubierto más de un centenar de grabaciones de los principales políticos y empresarios supuestamente implicados de Galicia, Asturias y Cataluña.

Son numerosos los archivos de sonido correspondientes al centro educativo gallego.

El 17 de enero de 2013, ante la magistrada, Ángel Currás (PP), acompañado por su abogada, Belén Hospido, cuenta que el 21 de agosto de 2012 se reunió en su despacho con el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, pero nunca por temas de personal, sino porque al ser una empresa con un importante volumen de servicios con el ayuntamiento, este hombre le pide una entrevista y él, que llega a alcalde en abril de ese año tras la dimisión del anterior al ser condenado por un delito fiscal, accede.

"Me saluda y me dice que ha recibido ya una comunicación de que la empresa Sermasa -filial de Vendex- es la elegida por la mesa de contratación", en la que están representados técnicos y los grupos municipales, y que "todo está en orden y funcionando a principios de septiembre".

Este es el primer contrato que investiga desde Lugo la jueza De Lara en la ramificación compostelana de esta causa y en el interrogatorio se interesa por cómo fue el proceso previo al otorgamiento de la guardería, a lo que el alcalde responde que los concejales tienen autonomía en su área y que no le gusta inmiscuirse en asuntos que son de la competencia de cada cartera.

En este caso, el proceder descansaría en Rebeca Domínguez, titular de Educación y también imputada, y en ningún caso en un regidor con una agenda institucional "enormemente complicada" que "no puede estar en todos esos expedientes".

Con tono sosegado, Currás detalla que su pretensión era que la licitación fuese por procedimiento abierto pero "parece ser" que con esta fórmula se demoraría la apertura, por lo que se recurre al negociado con publicidad, que requiere la invitación a tres empresas y que es "más ágil".

Quien se lo argumenta así, según su versión, es la joven y recién aterrizada Rebeca Domínguez, y Currás, "una vez que esto está en marcha" se queda "tranquilo", hasta que se impone su presencia en el paso último, la aprobación en junta de gobierno de la adjudicación, un trámite necesario y su única participación.

Esta es la verdad, sostiene, y por ello todo el "entramado" lo ve "surrealista" ya que tilda de "rotundamente falso" y de "calumnia" que la Alcaldía corriese con la contratación de personal vía enchufes.

Su tranquilidad se altera ante las grabaciones telefónicas en las que su jefe de gabinete, Francisco Castro, también imputado, le pide a Alberto Quintana, gerente de Sermasa, que pase por el ayuntamiento para darle algo, que el segundo identifica después como currículos en una conversación con su superior en Madrid.

Currás reacciona airado a la escucha: "Yo respondo por mí. Yo no he enchufado ni he recomendado a nadie".

Nuevo audio. Esta vez es Rebeca Domínguez quien habla con Alberto Quintana y le dice que el jefe de gabinete le ha comentado que precisa más tiempo porque el alcalde quiere revisar todos los currículos y filtrar.

"Eso es rotundamente falso -espeta Currás-. Lo que ocurre en la Administración a veces es que uno, para que le resuelvan un problema, dice que es por orden de arriba" para así tener más "peso" a la hora de plantear algo.

Y, otra vez, se defiende: "Yo no he enviado currículos ni di instrucción alguna para que se enviasen. Es una calumnia permanente y no sé qué objetivo persigue. Se lo diré una y mil veces. Es absolutamente falso. Es una calumnia. Está implicándome a mí".

Suena otra conversación. Francisco Castro llama a Alberto Quintana para que pase a recoger lo prometido: "Alberto ya está ese tema mirado. ¿Cómo hacemos para hacértelos llegar?".

Currás, que eligió como su hombre de confianza a Castro por su conocimiento de la normativa legal, y que aún hoy lo mantiene, dice: "Me deja sorprendido y perplejo. No sé realmente a qué se está refiriendo. Estoy perplejo con eso. Se lo digo sinceramente".

José María Tutor llama a la Alcaldía para pedir una información que el alcalde ya sabe, y esto también se le exhibe a Currás en el juzgado. Nueva réplica: Señoría, "no hubo ningún nombre. Ni me lo ha pedido ni se lo he pedido. Si me dice eso en el despacho, sale inmediatamente".

Sermasa atiende la guardería desde su apertura, y una vez vence la adjudicación provisional, se le sigue pagando por unos servicios que se supone que continúa realizando y que ello lo estará vigilando Educación.

Las relaciones entre Rebeca Domínguez y el jefe de sección del Departamento de Educación, Xosé Manuel Rodríguez Abella, son entonces complicadas. La primera acusa al segundo de falsificar informes porque ella jamás dio instrucciones para que Sermasa siguiese con la limpieza de estas instalaciones.

Currás explica a la jueza que sí percibe esas diferencias y una "situación incómoda" pero añade que Domínguez jamás le habló de irregularidades porque si en las facturas figurase un visto bueno suyo y ella no las hubiese conformado, el alcalde habría exigido una investigación.

"Estoy dispuesto a hacerla. Me sorprende que esa práctica se lleve a cabo en una administración pública", atestigua, y niega presiones suyas a Rebeca Domínguez. El interrogatorio no llega a dos horas.

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