Una fiesta de carnaval celebrada en el año 2013 en el colegio público Gregorio Sanz de Ribadeo puede suponerle un serio disgusto a dos docentes de dicho centro de enseñanza. Otra profesora detectó en aquel momento que a su juicio lo consumido por la comunidad escolar en aquella fiesta no se correspondía con lo que aparecía en la factura que presentaron.
Aquella situación derivó en una serie de investigaciones primero por su cuenta y que luego asumió el Ministerio Fiscal del juzgado de primera instancia e instrucción de Mondoñedo, que suscribió las tesis de dicha profesora y tras evaluar lo sucedido acusa a la directora, L.M.E., y a la que entonces era secretaria y ahora profesora M.C.M.R. de un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Tres magistrados y un jurado popular decidirán si suscriben la tesis de que se usaron 139 euros de dinero público de forma privada
Se trata de una situación completamente anormal porque el montante total de la factura abonada y ahora bajo investigación es de 316,40 euros. Para resolver qué sucedió exactamente con ese dinero, y debido a que las acusadas son funcionarias públicas del cuerpo de maestras, es necesario montar un juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Lugo.
Esto significa que fue necesario seleccionar a un total de 21 personas de la calle para elegir a nueve miembros del jurado y dos suplentes. El juicio estará presidido por tres magistrados más los funcionarios judiciales pertinentes y además los componentes del Ministerio Fiscal. Participarán los abogados y procuradores designados por la defensa. A ello se suma todo lo que conlleva movilizar a los testigos que aportarán una y otra parte y la circunstancia de que hay que reservar la sala de la Audiencia. En torno a 3.000 euros.
Todo ello para establecer qué sucedió exactamente con 425 caretas de hojaldre y dos tartas de queso entregadas por una panadería de Vegadeo durante la mañana en el colegio. Pero sobre todo se quiere aclarar lo sucedido con otra parte del pedido que incluía dos tartas de queso, dos empanadas de carne, dos pastelones de jamón y queso, dos bizcochos de naranja y dos tabletas de chocolate, que según la Fiscalía llegaron al centro hacia las cinco de la tarde procedentes de la misma panadería.
Según la fiscal, María Lucía Gil, cuando esa segunda parte del pedido se sirvió "el comedor del colegio estaba cerrado y por lo tanto no fueron consumidos por los alumnos alcanzando el importe de estos productos los 139 euros". Por ello les piden una multa de 1.200 euros y suspensión de su condición de funcionarias por dos años, además de las costas.
