Una entidad bancaria adelantará el pago de nóminas a trabajadores del Concello de Sarria, según se puso de manifiesto este viernes en una reunión de la mesa de negociación, en la que también se trasladó a los sindicatos el compromiso por parte del Ayuntamiento de asumir el coste de esta medida para que no repercuta en los empleados públicos.
Responsables de CaixaBank acudieron a la reunión para exponer el acuerdo, por el cual los trabajadores con nómina en esta entidad podrán pedir anticipos hasta de cuatro meses con un máximo de 6.000 euros sin intereses. El coste rondará los 12 o 14 euros por persona y mes, cantidades que pagará el Concello previo requerimiento por el empleado. La administración anunció que intentará pedir responsabilidades patrimoniales y derivar después el gasto a los nueve concejales de la oposición que votaron en contra de la plaza de tesorero en 2016.
La alcaldesa, Pilar López, explicó que el Concello abona las nóminas a través de este banco y que también contactó con las demás entidades financieras de Sarria, que el próximo lunes presentarán nuevas ofertas para el adelanto de salarios a los empleados públicos, dada la situación única en España de paralización de pagos al faltar la firma de tesorero habilitado.
Este hecho excepcional motivó este viernes la reunión de la mesa de negociación a petición de la CIG. El encuentro contó con los sindicatos con representación en el Ayuntamiento (CIG, CSIF, UGT y CC.OO.), la regidora, el teniente de alcalde (Efrén Castro) y el secretario.
La plaza de tesorero tiene un coste de 60.000 euros al año
El adelanto de nóminas fue uno de los puntos centrales de la mesa, junto con el debate sobre el informe de secretaría e intervención por el cual se advierte de posibles delitos en caso de seguir firmando la misma tesorera y una vez finalizada la prórroga que concedía la ley para contar con tesorero con habilitación nacional.
Esta plaza, con un coste de unos 60.000 euros al año, fue creada por acuerdo plenario el jueves, con los votos del grupo de gobierno, la abstención de IG y en ausencia de los siete ediles del PP y dos no adscritos, que se levantaron en este punto tras acusar al bipartito de "secuestro de diñeiro público cos traballadores de reféns".
TRAMITACIÓN. El acuerdo del pleno fue trasladado ya a la Dirección Xeral de Administración Local de la Xunta, que se encargará de clasificar la plaza en base a la población de Sarria y otros parámetros. Este departamento se comprometió a agilizar el proceso, cuya duración estimó el Concello en tres meses. Una vez tramitada no habrá que esperar a cubrirla con habilitado nacional para reanudar los pagos, ya que la ley permite en este supuesto hacerlos de forma transitoria con otro funcionario.
Tras la mesa de negociación, el secretario general de la federación de servicios públicos de UGT, Eliseo Rivas, valoró las gestiones realizadas por el Concello y pidió "que se unan esfuerzos para que todas las instituciones y fuerzas políticas remen en la misma dirección de solucionar este problema".
