Una empresaria de Sarria ha presentado una reclamación patrimonial contra el Concello, al que demanda el pago de 55.600 euros en concepto de daños y perjuicios porque desde el año 2011 espera por una licencia de obra que, según determinó un juzgado, no debía serle denegada.
La afectada compró una vivienda en aquel año en la calle Calvo Sotelo con vistas a su rehabilitación para implantar en ella su negocio. Sin embargo, la Administración local no le concedió licencia, situación que persiste a día de hoy. Para ejercer su actividad profesional tuvo que alquilar otros bajos durante todo este tiempo, razón por la cual reclama esta indemnización, correspondiente a las rentas pagadas, los honorarios de abogado y lo que dejó de percibir por el alquiler de la casa.
La demanda fue tratada este miércoles por la junta de gobierno, que iniciará el preceptivo expediente.
La afectada tuvo que alquilar otros locales para ejercer su actividad al no poder instalarse en la vivienda que compró
En su escrito ante el Concello, la afectada explica que en diciembre de 2011 solicitó licencia para restaurar la vivienda, recibiendo un informe desfavorable por parte de la secretaria al entender que la edificación en cuestión estaba fuera de ordenación por incumplir el ancho mínimo de la fachada.
Un año más tarde, "y visto el estado de paralización en que se encontraba el expediente", interpuso un recurso en el juzgado de lo contencioso-administrativo, que en marzo de 2015 estimó su petición, imponiendo las costas al Concello y ordenando continuar la tramitación del permiso.
En julio del pasado año, el Ayuntamiento recurrió aquella sentencia, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó su petición y ratificó el fallo.
"A fecha de hoy el expediente de licencia sigue sin resolverse con la consecuencia de mantenerse una situación de inmovilizado patrimonial de una inversión para instalar un negocio que hasta la fecha no se pudo implantar en la casa adquirida para tal fin", dice el escrito, en el cual se ofrece una rebaja en la reclamación hasta los 35.000 euros en caso de llegarse a un acuerdo entre las partes. Según alega, la "demora en la tramitación del expediente" ha causado perjuicios que la vecina "no tiene el deber jurídico de soportar".
