Una comisión de ediles investigará la gestión del Concello sobre la piscina

El pleno de Sarria aprobó por unanimidad la medida para revisar los trámites fallidos del actual gobierno sarriano y del anterior
Pancartas de los miembros de la Plataforma
photo_camera Pancartas de los miembros de la Plataforma

Una comisión formada por concejales de los distintos grupos con representación en Sarria investigará las gestiones realizadas, tanto por el actual gobierno como por el anterior, para dotar de calderas a la piscina cubierta, unos trámites que ningún partido ha llevado a buen puerto.

El acuerdo fue adoptado este jueves por unanimidad en un pleno extroardinario solicitado por el PP para pedir la creación de una comisión de investigación sobre el proceso de licitación de calderas iniciado por el tripartito y posteriormente anulado, lo que supuso la pérdida de una subvención de 127.000 euros. El propio grupo popular propuso al pleno ampliar esta comisión a la gestión realizada durante su etapa, en la que también se renunció a una subvención de 74.000 euros para el mismo fin, hecho que fue aceptado por todas las formaciones.

Así, se creará una comisión cuya composición se definirá en los próximos días y de la que, paradójicamente, formarán parte ediles que de un modo u otro participaron en las gestiones que serán objeto de la investigación.

La Plataforma polo Río exhibió pancartas para reclamar al tripartito la defensa del patrimonio y la reapertura de Ponte Ribeira

Durante la sesión plenaria -a la que acudió un vecino vestido con bañador y provisto de toalla para denunciar la tardanza en poner en marcha este servicio-, el exconcejal de deportes, Manuel Sangil, aseguró que "durante anos houbo un boicot político" a la piscina y ofreció la colaboración del PP para abrir la infraestructura en el menor plazo. También el edil de IG, José Manuel Bello, apostó por la "unión entre todos para buscar solucións e sacar adiante este servizo pensando nos sarriaos".

Fueron las principales intervenciones en positivo en un breve pleno que, por lo demás, se mantuvo en el juego del ataque y la defensa. El PP puso en duda la legalidad del proceso de licitación iniciado por el tripartito y luego anulado, ante lo cual la alcaldesa, Pilar López, instó al exregidor, José Antonio García, a acudir al juzgado si tiene sospechas de trato de favor a alguna empresa. Por su parte, el tripartito acusó al anterior gobierno de encargar la caldera para la piscina sin tener elaboradas las bases, hecho que Sangil negó.

El pleno extraordinario contó con la presencia de un nutrido grupo de vecinos, entre los que se encontraban miembros de la Plataforma Sarriana polo Río que, tanto al inicio como al término de la sesión, exhibieron de forma silenciosa carteles en los que instan al gobierno municipal a "defender o patrimonio" y buscar una solución para reabrir Ponte Ribeira.

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