Una causa que encamina los 100.000 folios y supera los dos centenares de imputados

El caso de los ERE fraudulentos, en el que la juez Alaya ha imputado ya a 229 personas, ha dado hoy un nuevo paso con la decisión del Tribunal Supremo (TS) de investigar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Las diligencias abiertas por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se encaminan a los 100.000 folios, según el último escrito de la Fiscalía del Estado en el que justificaba la imposibilidad de un enjuiciamiento conjunto de los procesados tal y como solicitaba la magistrada.

Alaya envió el pasado agosto al Supremo una exposición razonada señalando la existencia de indicios para imputar a nueve aforados, y la Fiscalía pidió al alto tribunal que se encargara de la causa sobre los Chaves, Griñán, Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera, todos ellos miembros de las Cortes Generales.

También recomendó que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ocupara de los cuatro aforados autonómicos -Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio-, exconsejeros de la Junta de Andalucía.

La Fiscalía cree que "las conductas cuyo contenido se ha acotado es ciertamente escindible del resto de la instrucción judicial que se sigue" en el juzgado de Alaya, que cifra la aplicación ilegal de fondos públicos por un importe de 855 millones de euros.

La jueza, en el auto remitido al Supremo en verano, dividió la exposición de los hechos en dos fases diferenciadas: una primera de ideación y diseño del procedimiento específico para canalizar las ayudas en general" destinadas a empresas; y una segunda con "la ejecución administrativa y material mediante la suscripción de convenios particulares de colaboración y de pólizas de seguro".

En esta segunda etapa solamente intervenían, según la exposición razonada de la juez, el responsable de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo y el Presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)".

Los hechos que se enjuiciarían serían la creación de un sistema de concesión de ayudas "sin sujeción a control alguno y dotarlo de los correspondientes fondos con la finalidad de lograr y mantener la paz social en Andalucía", según el razonamiento de la magistrada.

Por tanto, la Fiscalía del Supremo instó a que el caso se aborde en "piezas separadas que faciliten la instrucción y el posible enjuiciamiento de las distintas conductas, sea dividiéndolo por expedientes de concesión de ayudas sociolaborales o de empresas, salvo conexidad en cuanto a identidad de los sujetos beneficiarios, o por ejercicios presupuestarios".