La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) considera que el actual organigrama de este cuerpo en la provincia de Lugo responde a criterios del siglo XIX y no a la situación actual. Por este motivo, proponen una reestructuración que supondría la supresión de 20 de los 51 puestos que hay en la provincia, concentrando en los 31 restantes los recursos actuales, tanto humanos como materiales, e incrementándolos considerablemente para asegurar un correcto servicio a los habitantes de las zonas rurales .
Por el momento, esta asociación profesional no quiere hacer públicos los cuarteles que propone suprimir, hasta que se entrevisten con el subdelegado del Gobierno, Ramón Carballo, y para evitar ·polémicas políticas».
Juan Antonio Delgado Ramos, secretario nacional de comunicación de AUGC -que ofreció ayer una rueda de prensa, acompañado por el secretario provincial en funciones, Óscar Fúster Prieto-, aseguró que «de ningún modo pretendemos reducir nuestra presencia en la provincia de Lugo. Todo lo contrario, lo que buscamos es que nuestro trabajo resulte más eficiente». En este sentido, añadió que «la seguridad ciudadana es un derecho fundamental y lo que no se puede permitir es que en este ámbito haya ciudadanos de primera, que viven en las grandes urbes y que tienen Policía Nacional, Local y, en algunos casos, Autonómica, y los de segunda, los de la zona rural, que solo cuentan con la Guardia Civil».
Delgado Ramos explicó que actualmente hay en la provincia cuatro compañías de la Guardia Civil, repartidas en 51 puestos, cinco de los cuales son auxiliares, al tener menos de cuatro agentes asignados. El resto tienen una media de diez guardias.
«Con esta organización, se dan casos en los que hay dos cuarteles separados entre sí por menos de cuatro kilómetros y cada puesto tiene tres agentes. Lo lógico es que hubiera un solo cuartel con más medios y guardias», señaló.
La AUCG considera que la reestructuración que solicitan, además de apuntalar la seguridad ciudadana en la zona rural, permitiría ahorrar dinero, «porque mantener los cuarteles resulta caro, sobre todo porque suelen ser edificios antiguos». En este sentido, subrayó que «la reestructuración es una cuestión política, porque ningún alcalde quiere ni oír que se va a cerrar el cuartel de su municipio».
Por otra parte, esta asociación profesional reclama un incremento de los agentes destinados en Lugo, sobre todo en la brigada judicial, cuyos efectivos piden que aumenten en un 150%, y la patrulla fiscal, que solo tiene seis miembros para patrullar 80 kilómetros de costa y cuyos recursos humanos deberían crecer un 70%.
