Un testigo asegura que Camps no tenía nada que ver en la adjudicación de los contratos

Un perito ha asegurado hoy en el juicio de los trajes del 'caso Gürtel' que la autorización de Presidencia de la Generalitat no era preceptiva en las adjudicaciones del Gobierno valenciano, pero se comunicaban por razones de "protocolo" si eran actos en los que participaría el entonces president Francisco Camps.

El funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda Juan Carlos Gómez ha cerrado hoy con su comparecencia la fase pericial del juicio contra Camps y el ex secretario regional del PP valenciano Ricardo Costa por un delito de cohecho impropio al haber aceptado supuestamente prendas de vestir de la trama Gürtel.

Gómez fue el encargado de elaborar el informe sobre las adjudicaciones de contratos de la Generalitat a empresas de la trama Gürtel que el anterior portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes Ángel Luna dio a conocer durante una sesión parlamentaria y que señala "irregularidades" en las adjudicaciones.

El perito ha asegurado que el sistema de contratación pública de las empresas de la trama en la Comunitat Valenciana era "similar" a la mecánica que utilizaban en otras administraciones públicas como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de España.

Este "modus operandi", ha señalado, consistía en fraccionar servicios para obtener contratos menores, sin expediente administrativo, que suponían la "adjudicación directa" de manera que "se vulneraba el principio de publicidad".

"Se preparaba un acto y una vez cuantificado se iba troceando", ha afirmado Gómez, quien ha añadido que en el caso de las adjudicaciones por concurso el criterio que primaba para la valoración de las propuestas no era el económico, sino otros "más subjetivos, como la creatividad o el diseño".

El perito ha recordado que en la Comunitat Valenciana las empresas del grupo del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, consiguieron 76 contratos menores y nueve adjudicaciones con expediente administrativo de diecisiete instituciones de la Generalitat.

Entre esos 76 contratos, ha indicado que ve indicios de fraccionamiento de pago en algunos de ellos, como en el caso de la feria de turismo Fitur de 2005, el Open de tenis de 2006 y 2007, los premios Salud y Sociedad de 2006 y 2007 o el acto de balance de 2007 de la Conselleria de Bienestar Social, entre otros.

Asimismo, ha explicado que ninguna otra empresa impugnó esos contratos, a su juicio porque en los contratos menores las tres ofertas que la administración debe tener en cuenta eran del mismo grupo (el grupo Correa) y en el de las adjudicaciones porque "los criterios subjetivos eran difíciles de impugnar".

El abogado de Camps ha incidido en el hecho de que el perito sólo tuvo acceso a los documentos de contratación de las empresas del grupo Correa, por lo que "no pudo comparar" esas adjudicaciones con las realizadas a otras mercantiles.

Además, ha preguntado a Gómez si la intervención de Francisco Camps aparece en algún expediente, a lo que el perito ha respondido que no, lo mismo que ha respondido a la pregunta de si había algún hecho que impidiera a la filial valenciana de la trama, Orange Market, concurrir a esos contratos.

Por último, el letrado de Costa ha confirmado con el perito que su defendido no pudo, ni en su condición de diputado autonómico ni en la de secretario regional del PP, "tomar decisiones en el ámbito de la adjudicación de contratos".

El magistrado Juan Climent ha vuelto a llamar la atención de Francisco Camps, al que le he instado a estarse quieto, a guardar silencio y a no hacer gestos "de aprobación o desaprobación".

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