Uno de los compradores de viviendas en la polémica urbanización de Cimo da Agra aseguró ayer en el juzgado haber tratado asuntos de facturación con la concejala Patricia Castro, a quien, según dijo, también pagó dinero en mano. La declaración implica a la edila del grupo de gobierno en la venta de los chalés y contrasta con el testimonio de la propia concejala quien, el pasado 7 de junio, afirmó ante la jueza que nunca negoció con los compradores de las parcelas de Cimo da Agra.
Cuatro propietarios de viviendas en esta urbanización prestaron declaración ayer en el juzgado de Sarria en calidad de testigos, dentro de las diligencias abiertas para determinar si hubo estafa.
El fiscal pidió la reapertura de la causa en mayo
El día 5 de octubre del pasado año, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones referentes a la supuesta estafa pero, en el mes de mayo, el fiscal interpuso un recurso de reforma por entender que «pudiéramos encontrarnos ante un contrato civil criminalizado».