LA DESCONFIANZA rodea a todo cuanto dice o hace Pescanova. Mejor dicho, a todo lo que dice que va a hacer: enviar sus cuentas a la autoridad bursátil, presentar concurso de acreedores en el juzgado, demandar a sus auditores, contratar a otros con el encargo de destapar irregularidades… Lo cierto es que un mes después de estallar la crisis en su consejo de administración, al negarse a firmar las cuentas dos de los consejeros prácticamente recién llegados a la multinacional, la compañía se aleja de la oscuridad y se instala en zona de penumbra, y aunque apenas aclara nada de cómo está su situación patrimonial, lanza mensajes y toma decisiones, a instancias de su presidente, que se vienen a sumar a otras que se barruntaron y ejecutaron en silencio, en los dos últimos meses. Todas, unas y otras, apuntan en la misma dirección: proteger el control de la compañía, por muy alto que sea el precio a pagar.
Como cuando se observa un cuadro, tomando distancia, alejado unos cuantos metros de la obra representada, para valorar la crisis conviene analizar con perspectiva lo sucedido, y remontarse a unas semanas antes de la presentación del preconcurso, el uno de marzo, cuando la placidez de la cotización de la compañía en Bolsa auguraba de todo menos tamaña tormenta. Lejos de lo que inicialmente se interpretó como una maniobra defensiva improvisada, como pareció la presentación del preconcurso, Fernández de Sousa-Faro impulsó en febrero una reordenación de su gestión en el grupo que siguió prácticamente las mismas pautas: su cese y el de su hijo, entre otros, de los consejos de al menos siete filiales: Frivipesca Chapela, Pescafresca, Novapesca Trading, Frinova, Pescanova Alimentación, Frigodis e Insuiña.
En ese consejo, al que se han sumado dos más sin que las cuentas de 2012 hayan sido aprobadas, el presidente de la compañía tuvo que escuchar ya cómo al menos dos accionistas (Damm y Luxempart) descubrían por fin sus cartas y pedían su revocación, que incluso llegaron a solicitar de nuevo a través de un largo burofax. Y el último consejo, maratoniano, celebrado la semana pasada, arrojó otra decisión que podría parecer súbita, la presentación del concurso, que al contrario de lo que suele ser habitual, aún no se materializó en el juzgado. Esa declaración de suspensión de pagos debe ir acompañada de una estimación de pasivo, de un inventario patrimonial, un balance… Y, de ahí, la cuantificación de su deuda real, que sigue entre sombras.
La cuestión es que una deuda superior en mil millones a la declarada por la compañía en su último balance público daría la vuelta también a la cuenta de resultados, por la sencilla razón de que debería llevar incorporados los costes financieros añadidos a ese sobreendeudamiento; es decir, más gastos, lo que podría arrojar pérdidas para una compañía acostumbrada a ganar dinero. El concurso, siguiendo esa estrategia que puede interpretarse como improvisada sobre la marcha, pero cuyas pautas están muy definidas, establece mecanismos de protección como la suspensión de exigibilidad de los créditos, la prohibición de ejecuciones, cese del devengo de intereses y tratamiento privilegiado de las financiaciones.
A eso se agarra el presidente de Pescanova, a la vez que se pone (todo parece indicar que así será) en manos de un juez y entrega el futuro del grupo a los administradores concursales. La lógica lleva a pensar que serán tres: uno por la CNMV, otro por la banca acreedora y un tercero independiente. Esa tormenta perfecta no se podría entender sin un consejo de administración partido en dos, pero todavía controlado por el presidente. Y en esas está Fernández de Sousa-Faro, que por el camino de esta crisis se ha topado con infidelidades, como la de Yago Méndez Pascual, que atesora en su currículo poco más que ser el hijo de José Luis Méndez, pero también con adhesiones, como la de Alfonso Paz-Andrade. La suya es una relación de cordial enemistad, con criterios y puntos de vista dispares en cuanto a la gestión de la compañía. Y el exconsejero delegado de Pescanova, aun desde la discrepancia, se alineó con el presidente cuando hubo que votar para aprobar la presentación del concurso.
¿Cuáles serán los pasos a partir de ahora? Desde el concurso de acreedores, que promete ser largo, Fernández de Sousa-Faro confía en otra lógica, la de los convenios de acreedores que establecen la capitalización de la deuda bancaria (los financiadores pasarían a ser accionistas), a lo que habría que sumar quitas y un dilatado calendario de pagos, sin descartar una ampliación de capital que diera entrada a socios extranjeros como los que ya tuvo Pescanova en su día. Pero avanzar en todo ello, sin conocer los intestinos, grueso y delgado, del grupo pesquero, se antoja más que difícil.
primero fue la renuncia al título de hijo predilecto de A Coruña, cuando el ayuntamiento ya había comenzado los trámites para hacerlo de oficio, con todos los grupos de acuerdo. Esta semana ha sido otra distinción devuelta, la de doctor honoris causa por la Universidade de A Coruña. José Luis Méndez se quita lastre, como a él le gustaba decir para describir gráficamente lo que sentía cuando ya se había hecho un hueco en el Olimpo de las finanzas, pero en esta ocasión lo hace de una forma algo más prosaica: presionado por un entorno que le ha devuelto al más oscuro anonimato, e intentando hacer el menor ruido posible. Solo le queda el consejo de administración de Reganosa.
Julio Fernández Gayoso, otra forma de entender las finanzas, también acaba de hacer lo propio con la medalla de oro de Vigo. La suya, al advertir que excepto el PSOE todos los grupos preparaban la retirada, fue una renuncia súbita. «No puedo tenerla en mi poder ni un día más», señaló en un escrito. La Diputación de Lugo tampoco tardó en retirarle los honores a Méndez, esta vez por unanimidad. El de los exdirectivos de las extintas cajas es un triste penar, sobre todo socialmente. Porque en su hatillo permanecen multimillonarias indemnizaciones. En el caso de Méndez, nada que ver con Gayoso, se trata de un contrato blindado con un retiro de 16,5 millones. Ese fue el precio que pagó la antigua Caixa Galicia antes de la fusión para decirle adiós. Descontados impuestos, percibió 8,5 millones del fondo de pensiones y 2,7 como indemnización por rescisión de su contrato.
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