Un investigado en la causa contra Sinaí Giménez reconoce el pago de cuotas mensuales

Cuatro personas investigadas en la causa que se sigue contra Sinaí Giménez y varios familiares y conocidos suyos por supuestos delitos de extorsión y amenazas a vendedores ambulantes en mercadillos del sur de la provincia de Pontevedra, entre otros delitos, han reconocido este viernes el pago de cuotas a Sinaí Giménez, aunque algunos de ellos no han aclarado su justificación.

Este viernes estaba previsto que declarasen en el Juzgado de Instrucción número tres de Cangas un total de seis investigados en esta causa, si bien, según ha informado a Europa Press el abogado de la acusación –que representa a 13 testigos protegidos–, Alfredo Iglesias, uno no compareció y otro acreditó estar embarcado.

Uno de los investigados ha mantenido, tal y como han trasladado fuentes cercanas al caso, que los vendedores ambulantes eran "obligados" a formar parte de las cooperativas y a pagar en mano una cuota –inicialmente de 80 euros y después de 150 al mes, además de otros gastos por montar los mercadillos– "a Sinaí y su entorno, supuestamente para pagar autónomos".

Además, ha aseverado que Sinaí llevaba "la voz cantante de todo", les prohibió "relacionarse directamente" con las corporaciones municipales, les obligaba "a acudir a manifestaciones y concentraciones ante los ayuntamientos para exigir que les dejasen montar los mercadillos", y les hacía ir a una gestoría que les recogía documentación y les daba recibos "en blanco".

De acuerdo con su versión, el "conflicto" estalló cuando la Seguridad Social reclamó a varios vendedores sus cuotas y se percataron por su vida laboral de que no han cotizado. Cuando estas personas dijeron que se marchaban de las cooperativas, les "presionaron y amenazaron con enfrentamientos más violentos", y vendedores zamoranos llegaron a ser "forzados" a su destierro.

Tras la intervención de la Fiscalía, que derivó en un acuerdo, estas personas regresaron; pero el investigado ha recalcado que siguieron sufriendo las amenazas, por lo que llegaron a tener que ir a los mercadillos en grupo y en ocasiones escoltados por agentes de la Guardia Civil. El conflicto culminó con un tiroteo a finales de octubre en la VG-20 en Vigo, en el que hubo un herido.

Una mujer que ejerció la venta ambulante hasta 2011 y está investigada por pertenecer a dos de las cooperativas, ha explicado que estas entidades son "un medio de ayudarse entre gitanos para pagar la cuota de autónomos más barata", y, tras reconocer que pagaban cuotas "pequeñas", ha apuntado que cree que eran para limpiar los mercados y que no sabe quien recogía el dinero.

Uno de los investigados que ha comparecido por videoconferencia, ha admitido que fue a una notaría acompañado del propio Sinaí para firmar unos papeles que ha dicho no saber lo que eran, ya que es una persona "casi" analfabeta, aunque le dijeron que eran de una cooperativa; y que cada mes distintos miembros de los 'Morones' le cobraban una tasa de 100 euros para la Seguridad Social.

Otro varón ha asegurado, también por videoconferencia, no tener "idea" de que era socio de una de las cooperativas y ha mantenido que Sinaí contactó con él y a partir de entonces estuvo cargando de mercancía la furgoneta de su mujer y les acompañaba a las ferias, a cambio de lo que recibía 20 euros por mercadillo. 

En el marco de la llamada Operación Vida, fueron detenidas 13 personas, entre ellas Sinaí Giménez, sus padres, sus hermanos y otras personas de su entorno. En total, en esta causa hay 40 investigados por supuestos delitos de extorsiones, amenazas, organización criminal, blanqueo y contra la Seguridad Social.

De las personas que ingresaron en prisión por orden del juez de Cangas, todas ellas han salido ya en libertad, o bien por cuestiones médicas como su padre o bien previo pago de fianzas, salvo el hermano pequeño de los 'morones', Saúl Giménez, que es el único que sigue en la cárcel.

Después de las declaraciones de este viernes, la causa se espera que avance una vez que se realice el volcado de los aparatos informáticos ordenadores, móviles, USB, y otros efectos incautados en la Guardia Civil de Poio y de Madrid, así como al analizar los movimientos bancarios.