Un galimatías con difícil solución

Vista del municipio de Barreiros. Foto: JOSÉ Mª ÁLVEZ
photo_camera Vista del municipio de Barreiros. Foto: JOSÉ Mª ÁLVEZ

CAOS URBANÍSTICO. El boom urbanístico de principios de este siglo sembró Barreiros de construcciones de dudosa legalidad y la decisión de la Xunta, durante el bipartito PSOE-BNG, de ponerle freno suspendiendo las normas urbanísticas y anulando licencias provocó un caos que, siete años después, sigue sin tener solución.

El Tribunal Supremo acaba de anular la suspensión del planeamiento de Barreiros que ordenó en 2007 la Xunta bipartita para poner coto al urbanismo descontrolado en ese municipio. Aquella decisión, que vino acompañada de la paralización de decenas de licencias de obras, muchas correspondientes a edificios que ya estaban en construcción, provocó el brutal estallido de la burbuja urbanística en Barreiros. Las consecuencias: la pérdida de 3.000 empleos, más de 50 recursos contencioso-administrativos en los juzgados y la ruina para casi una veintena de empresas del sector de la construcción. Y lo peor es que la solución al conflicto está cada vez más enrevesada. Barreiros no puede volver al urbanismo anterior al año 2007 porque ya hay leyes posteriores que lo impiden y el plan sectorial que pretendía legalizar la situación también fue tumbado por los tribunales. La exconselleira María José Caride y el presidente de la Apec ofrecen su visión sobre este conflicto.

CAMBIO DE MODELO, DE LA IRRESPONSABILIDAD A LA SOSTENIBILIDAD
por MARíA JOSE CARIDE,
exconselleira de Politica Territorial con el bipartito

EL CONCELLO de Barreiros es un desafortunado ejemplo de prevalencia de los intereses privados sobre el interés general. El gobierno de este concello de 3.200 habitantes, embriagado por la burbuja inmobiliaria, emprendió un proceso irresponsable de concesión de licencias en terrenos sin acceso rodado, agua, saneamiento, suministro eléctrico ni alumbrado. Barra libre para el cemento, sin reparar en la degradación y deterioro del entorno, ni en la intensidad de la actuación. Más de 5.800 nuevas viviendas, cinco veces más que las existentes al inicio de este siglo, con los mismo servicios.

De poco sirvieron las reiteradas advertencias de la Dirección Xeral de Urbanismo, los informes desfavorables de la secretaria municipal, Augas de Galicia o la empresa de suministro eléctrico. El gobierno municipal, a pesar de conocer la inseguridad jurídica que podía ocasionar, continuó otorgando licencia directa para construir en fincas rústicas llegando, en dos días, 2 de agosto y 1 de septiembre de 2006, a aprobar licencias para la construcción de 1.200 viviendas, tantas como las existentes en el término municipal hasta esa fecha.

A la ilegalidad de estas actuaciones, se unía el grave perjuicio al interés de los ciudadanos de Barreiros y de Galicia, ya que serían los vecinos los que directa o indirectamente pagasen el festín de los especuladores, bien padeciendo un caos en los servicios o financiando nuevos accesos, depuradoras, depósitos de agua o redes eléctricas. Esta situación llevó al gobierno presidido por Emilio Pérez Touriño, a propuesta de la consellería que yo dirigía, a impugnar las licencias mal otorgadas y a suspender las normas vigentes en Barreiros para evitar que los daños fuesen aún mayores.

El alcalde popular de Barreiros respondió acusando al gobierno gallego de «arbitrariedad» y recurriendo el decreto de la Xunta. Recurso que rechazó el TSJG, ya que la Xunta actuó por «causas justificadas». De igual modo, todas las sentencias definitivas, ratifican la ilegalidad de las licencias otorgadas por el concello y respaldan su paralización, impidiendo cualquier posible reclamación patrimonial.

Posteriormente, el convenio de 14 millones de euros firmado entre la Xunta de Feijóo, el Concello de Barreiros y la Diputación de Lugo para dotar de servicios a dichas actuaciones urbanísticas viene a reconocer la ilegalidad de las licencias concedidas, pretendiendo pagar con dinero público las cargas que deberían afrontar los responsables del desastre de Barreiros. Además, en un intento por eludir la aplicación de la ley del suelo, Xunta y Concello populares elaboran y aprueban un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, anulado por sentencia del TSJG que califica de «desviación de poder» la actuación del gobierno autonómico, poniendo punto final a esta chapuza.

Nadie, excepto el alcalde y algunos promotores, discute la ilegalidad de las licencias impugnadas en Barreiros, ni la urgencia y conveniencia de detener esa ‘desfeita’. La reciente sentencia del Supremo viene a ratificar este punto, si bien, el cambio de criterio en la interpretación de la norma del propio tribunal, cuestiona un aspecto formal, la obligatoriedad de la información pública, en contra del criterio de la asesoría jurídica de la Xunta, del TSXG y de la interpretación previa del Supremo.

La realidad es que un concello con un patrimonio natural irrepetible padece la incompetencia de un equipo de gobierno incapaz de planificar y desarrollar un modelo urbanístico sostenible que permita mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Mas al contario, el alcalde, con su defensa de intereses cortoplacistas y privados, está poniendo en riesgo el acceso de sus vecinos a los servicios públicos básicos, al tiempo que deteriora gravemente el atractivo social, turístico y empresarial de un municipio que pierde población año tras año.

Es imprescindible que el gobierno municipal deje de soñar con la burbuja inmobiliaria y promueva un desarrollo sensato para garantizar a sus vecinos buenos servicios públicos. Además, es necesario que la Xunta de Galicia ejerza sus competencias con rigor, sin partidismo, para que lo ocurrido en Barreiros no vuelva a suceder.

DEMASIADO TARDE
por HIPOLITO TRINIDAD,
presidente de la Apec

ESCRIBO ESTAS líneas tras conocer que el Tribunal Supremo ha anulado el decreto de 1 de febrero de 2007 promulgado por la Xunta de Galicia, que aprobaba definitivamente la suspensión de las normas urbanísticas de Barreiros y la entrada en vigor de una normativa provisional.

Siete años, siete, han transcurrido desde entonces. Siete años en los que muchas de las empresas que entonces operaban en aquella zona han desaparecido, arruinadas como consecuencia de una actuación administrativa que, al cabo, resulta que era contraria a Derecho.

Siete años en los que se han perdido miles de puestos de trabajo, tanto en la actividad constructora como en todas aquellas que tienen su razón de ser en todo o en parte con ella.

Ahora son los juristas los que tienen que medir el alcance de esta nueva situación. Saber qué normativa es la que resulta de aplicación. Determinar, si es que ello resulta posible, cuál va a ser el régimen de aplicación en ese Ayuntamiento.

Pero, por encima de todo, yo me pregunto ¿y ahora qué?

Desde la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (Apec) siempre hemos clamado por la falta de seguridad jurídica que desgraciadamente nos afecta como empresarios. Hemos advertido del peligro que ello implica para la buena marcha de la economía. Hemos reclamado unas reglas de juego claras y comprensibles que permitan a los empresarios tomar sus decisiones asumiendo el riesgo normal que cualquier operación conlleva.

Tradicionalmente una licencia de obra era un título de cuya firmeza nadie dudaba. Compradores, notarios y banca asumían que su existencia constituía una auténtica garantía y obraban en consecuencia. Hoy, por desgracia, son actos administrativos cuya firmeza nunca está consolidada.

Tradicionalmente, un suelo clasificado como urbano por un planeamiento implicaba la posibilidad de construcción con licencia directa, ejecutando simultáneamente los servicios necesarios para los adecuados suministros y accesos a la parcela. Hoy, por desgracia, puede uno encontrarse con que eso se venga abajo porque la norma nos habla de «obras accesorias de escasa entidad», y hay tantas opiniones como técnicos urbanísticos existen al respecto.

Y todos esos temores que albergábamos se materializaron, y de qué manera, en el caso de Barreiros. Por una parte, su Ayuntamiento despachó licencias utilizando el criterio de posibilitar la edificación mediante la ejecución simultánea de accesos y servicios. Por otra, la Xunta entendió que todas esas obras no eran suficientes y que esos suelos no estaban consolidados, por lo que paralizó la vigencia del planeamiento y dictó una normativa provisional, llevando además a los tribunales las licencias despachadas.

En el medio de esta disputa quedaron propietarios y promotores, cuyas licencias fueron impugnadas, sus obras paralizadas y sus recursos rechazados.

Y ahora, siete años después, resulta que esa paralización era contraria a Derecho. Y no vale que se diga que es por una formalidad, porque lo cierto es que esa formalidad consistió en la imposibilidad de presentar alegaciones por parte de los ciudadanos, promotores o no.

Se abre un panorama incierto. Muchos de los que en su día se vieron en la imposibilidad de construir como consecuencia de la paralización estudiarán iniciar acciones legales contra la Administración autonómica. Muchos de los que vieron paralizadas sus obras como consecuencia de contenciosos en los que se cuestionaba la vigencia de la clasificación de sus suelos harán lo mismo. Y otros muchos, por desgracia, observarán, atónitos, como una actuación pública que les abocó a la ruina resulta ahora que era ilegal. Es demasiado tarde ya para todos.

Desde la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (Apec) se intentó, nada más comenzar este conflicto, la búsqueda de una solución que integrase los intereses públicos con los legítimos derechos que ostentaban los particulares. Se solicitaron dictámenes jurídicos a los mejores especialistas de España en los que se ofrecían soluciones viables. Se dialogó con las administraciones para tratar de hacer ver las terribles y desproporcionadas consecuencias que acarreaba la situación creada. Se propuso utilizar como criterio orientativo el propio Plan de Ordenación del Litoral, que excluía los suelos afectados por considerarlos urbanos. Y tan solo se consiguió un logro parcial que conllevó el desistimiento en algunos de los contenciosos.

Así pues, nos encontramos en este momento en una situación ciertamente compleja. Por una parte, la nulidad del decreto autonómico apunta a que entran de nuevo en vigor las normas del año 94. Por otra, el Régimen Transitorio de la Ley 9/2002 para concellos con planeamiento no adaptado a sus prescripciones concurre igualmente como norma de aplicación. Se vuelve pues al escenario del año 2007. Con el agravante de la entrada en vigor de un Plan de Ordenación del Litoral que incide igualmente en el territorio y de un Plan Sectorial que implica nuevas infraestructuras y que, para terminar de complicar las cosas, ha sido anulado por la Justicia.

Es decir, siete años después, estamos como estábamos. O peor.

Por eso tengo que pedir, ahora más que nunca, que los pasos que se den sean debidamente meditados. Las administraciones tienen ante si la responsabilidad de evitar que se repitan los errores del pasado. Y, llegado el caso, afrontar las responsabilidades derivadas de tal proceder.

Y desde Apec nos ofrecemos, como siempre hemos hecho, a colaborar en todo aquello que pueda resultar útil a tal fin.

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