El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de confirmar una sanción de 452.000 euros a Miguel Ángel Prieto Fouce por construir en Marei (O Corgo) una casa sin licencia en terrenos no edificables, inmueble que después consiguió legalizar.
El afectado recurrió esa multa, impuesta por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) en 2011, haciendo hincapié en que regularizó la situación al aprobar el Concello la delimitación del núcleo de Marei, primero, y el PXOM, después. El TSXG ha rechazado el recurso y ratifica un fallo anterior del juzgado de lo Contencioso número 1 de Lugo en ese sentido. Argumenta que cuando se construyó la casa, la parcela estaba clasificada como suelo rústico, por lo que era ilegal.
El TSXG se apoya en jurisprudencia del Supremo para decir que la infracción urbanística se comete por quebrar las normas en vigor y el hecho de que después "se aprueben planes que legalicen el resultado material de la conducta infractora" solo puede impedir a la Administración "que ordene la reposición de los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la falta, pero en modo alguno eliminar la infracción ni las consecuencias sancionadoras".
El afectado, de Marei y sin trabajo, dice que el fallo lo condena a "ser insolvente toda a vida e depender da caridade da familia"
Este fallo, que este vecino no recurrirá al dar ya por perdida su larga batalla judicial, menciona el montante principal de la multa de la Aplu, de 333.334 euros por una "infracción urbanística muy grave", pero Miguel Ángel Prieto dice que, sumados los recargos, intereses de demora y costas, su deuda actual es de 452.000 euros.
Añade que esa cantidad crecerá al no poder afrontar ese pago, ya que está sin trabajo y su única propiedad es la casa, aún sin terminar, cuyo valor catastral cifra en 80.000 euros y que irá a parar a manos de la Administración, que le acaba de embargar los derechos sobre la herencia de su padre, fallecido hace tres años.
MULTA "DESPROPORCIONADA".Prieto no entiende que se le exija esa multa "desproporcionada" porque actuó de buena fe. "O meu único patrimonio é isto (por la casa). Entendería unha sanción que poida pagar un obreiro coma min, de 10.000 ou 12.000 euros. Custaríame moito pagalos, pero non son 450.000", recalca.
Explica que empezó a construir la casa en 1998 y dos años después paró la obra al ver que podría causarle problemas, tras haber gastado «cinco ou seis millóns de pesetas en material» y muchas horas de su tiempo libre. "A casa estaba vinculada a unha granxa familiar e daquela se necesitaban 4.000 metros cadrados para poder construír. Eu só tiña 1.800, pero era a parcela que tiña", dice. Indica que la Lei do Solo aprobada en 2002 no resolvió su situación.
Con la obra parada, hace siete años la Aplu le abrió el expediente que desembocó en la multa. "Dende que recibín o primeiro escrito, seguín todas as súas ordes para repoñer a legalidade. Podía tirar a casa ou facela legal, e optei polo segundo", dice. Tras un largo proceso, hace tres años el Concello recibió luz verde de la Xunta a la delimitación del núcleo rural de Marei, trámite que legalizó la vivienda, y el PXOM aprobado hace un año fue el aval definitivo. Además, él hizo un proyecto para acabar la construcción del inmueble, que recibió licencia del Concello.
Estos pasos le han servido para evitar el derribo de la casa, que dictó el juzgado pero que, según explica, después se canceló por la nueva situación del inmueble, pero no ha frenado la multa.
DEPENDE DE LA FAMILIA. "Estanme condenando a ser insolvente toda a vida e a depender da caridade da miña familia", dice resignado Miguel Ángel Prieto. Comenta que tras unos años en la granja familiar, ya cerrada, trabajó como autónomo de carpintero, pero su deuda con la Aplu hizo que tirase la toalla hace dos años, ya que las órdenes cautelares de embargo hacían inviable su negocio.
Casado y con dos hijas, vive en Lugo en un piso de su mujer. "A gran sorte é que a dona é ela, comprouno de solteira. Se non déixante na rúa", dice. Señala que la familia subsiste con los ingresos de ella como enfermera y la ayuda de su madre. "Isto rómpeche os esquemas. Teño 45 anos e tiña que estar traballando e pagando impostos e Seguridade Social, pero me condenan á insolvencia", insiste. Este diario intentó ayer sin éxito recabar la versión de la Aplu sobre este caso.
