Un asesor en la Diputación pide la incapacidad laboral porque perdió voz

Los juzgados se niegan a jubilarle porque su disfonía ni le impide hablar ni redactar informes. El pleno municipal aprobó crear una ordenanza para que las firmas de móviles paguen por utilizar el dominio público al haber sentencias que lo avalan

Una de las personas de máxima confianza de la organización del PSOE local en las últimas décadas, histórico liberado de UGT y en los últimos años asesor del grupo socialista en la Diputación con un salario de unos 40.000 euros al año, aprovechó su paso por el organismo provincial para solicitar una incapacidad laboral permanente porque, según alegaba, unos problemas en una cuerda vocal le causan una disfonía que le impide ejercer su labor de asesor. Tanto el juzgado de lo Social de Lugo como ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia han rechazado de plano su demanda.

El hombre se tuvo que reincorporar recientemente a su puesto de trabajo original, como personal laboral de mantenimiento en el INSS. Lo hizo después de que la reorganización de la Diputación después de los últimos cambios políticos obligaran a suprimir su puesto de asesor del grupo socialista, nivel II, que ocupaba desde 2011. Antes había ocupado un puesto similar en la Consellería de Traballo de la Xunta mientras su titular era Ricardo Varela. Mantuvo siempre una labor ligada al trabajo de organización en el PSOE provincial.

De hecho, fue investigado durante la operación Carioca porque había sospechas de que había pagado facturas en un burdel con una tarjeta de crédito oficial, además de aprovechar su estancia en el local para repartir propaganda electoral del PSOE.

DISFONÍA. Ya como asesor en la Diputación, en un puesto de designación directa, en 2014 inició ante la Seguridad Social un procedimiento para solicitar la incapacidad laboral permanente como personal directivo de la administración pública en calidad de asesor. La sentencia recoge que alegó "un cuadro clínico residual de corticación de cuerda vocal izquierda con displasia leve e hiperplasia", lo que le provocó una "disfonía -alteración en la calidad de la voz- a tratamiento con logopeda".

Según indicó, este problema de pérdida de voz le impedía ejercer su labor de asesoramiento, por lo que solicitaba ser incapacitado con una jubilación de unos 1.400 euros al mes.

La Seguridad Social rechazó su petición, por lo que este recurrió a la vía judicial. El juzgado de lo Social 2 falló en su contra en febrero de este mismo año, ya que en su expediente médico no encontró "limitaciones incompatibles con el ejercicio de la profesión habitual de asesor".

Tras recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ahora este confirma el rechazo a la concesión de la incapacidad, y razona que el asesoramiento no se realiza exclusivamente de forma oral, sino que "una parte muy importante del mismo es la elaboración de informes escritos".

Además, el alto tribunal gallego argumenta en su sentencia que "a pesar de sus dolencias", este trabajador "siguió prestando sus servicios" como asesor del grupo socialista en la Diputación Provincial y "su cese no se produce por razón de las mismas, sino por un cambio político en la Diputación".

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