UN AÑITO en el infierno. Como cuando un club emblemático enfila el camino de la Segunda División y la afición se consuela suspirando por el retorno a Primera la siguiente temporada, Pescanova llega a una semana decisiva para conocer su futuro justo cuando cumple un año desde la presentación del preconcurso de acreedores, con la pertinente suspensión de cotización en Bolsa. Fue el 28 de febrero de 2013 cuando la compañía anunciaba a la autoridad bursátil que no iba a presentar sus cuentas y balance en tiempo y forma. Un día después, el primero de marzo, se acogía al preconcurso como fórmula para ganar tiempo. Maniobra en vano. Un mes después, tras un consejo de administración que acabaría de madrugada, llegaba la supensión de pagos y se abría un melón que nadie, ni el más osado, hubiera podido imaginar meses e incluso años atrás.
Si hay un momento crítico en una secuencia de hechos que da para varias novelas, ese fue cuando remata y salta a la luz por entregas la auditoría forensic encargada en los primeros compases de la crisis por el entonces presidente, Manuel Fernández de Sousa-Faro. Nos situamos a principios de julio, y las 334 páginas del informe de KPMG abren en canal la gestión del consejo de administración y de una decena de ejecutivos. A esas alturas, Anticorrupción ya había pedido al juez de la Audiencia Nacional la imputación de Fernández de Sousa-Faro, Alfonso Paz Andrade y accionisas como José Antonio Pérez Nievas y José Alberto Barreras.
Facturas falsas, entramado paralelo, testaferros, ramificaciones en paraísos fiscales, deuda oculta que no se llegó a cifrar realmente hasta que el administrador consursal se remangó... La crisis de Pescanova ha puesto contra las cuerdas a muchos, no solo a los imputados. También a un supervisor bursátil que por momentos parecía de cartón piedra, y hasta la propia banca financiadora, que o no sabía o no se quería enterar mientras desde Chapela se cumpliese puntualmente con los vencimientos de las pólizas de los créditos.
Con la sede y la marca pignoradas, y después de una guerra accionarial que se saldó en septiembre con el desembarco tácito de Demetrio Carceller y sus chicos (José Manuel Urgoiti, Yago Mendez...), Pescanova ha demostrado unas cuantas cosas que conviene tener presentes. Y su autoría no corresponde a ninguno de los dos consejos que ha tenido en este año de crisis. Por ejemplo, ha bastado un crédito de algo más de 54 millones para que la multinacional continuase con sus operaciones durante el concurso de acreedores. Apenas se han vendido activos para generar atípicos (la excepción está en una participación en la filial australiana) y, lo más importante, el empleo no se ha resentido.
Pescanova puede presumir ya de ser una de las escasas empresas en España que, suspensión de pagos de por medio, no ha presentado un expediente de regulación de empleo, que suele ser habitual en estos casos. Incercia de años o fruto de la gestión de los administradores concursales, lo cierto es que a día de hoy la compañía se mantiene intacta, con sus derechos pesqueros, su plantilla y, eso sí, algunas filiales y plantas en serios apuros. Pero ahí está un año después. Con una sensible caída en sus ventas, pero en beneficios de explotación. Quedará para los manuales.
Y este primer aniversario también puede ser motivo para otra celebración, de resultado todavía incierto. En unos días vence el plazo para que se presente ante el juez la propuesta de convenio de acreedores. El límite vence en una semana. Y la banca, la dueña real de la segunda multinacional gallega, apura sus bazas frente a los planteamientos del que es ya su primer accionista, el dueño de Damm, para lograr un término medio entre las exigencias de una quita para la deuda desproporcionada, superior al 90%, frente a la opción de unos fondos de inversión de colmillo más que retorcido.
La clave de todo está en la gestión futura. En quién se pondrá al timón. En ese socio industrial que no aparece. Y es que los bancos confían en que finalmente Demetrio Carceller ceda, al menos para justificar su posición, y se haga cargo del día a día de Pescanova. Eso sí, con gran parte de las siete entidades acreedoras como accionistas de control, una vez capitalizada su deuda, que en total ronda los 4.000 millones de euros.
Desde el principio de los tiempos de esta crisis, la banca apostó por Mercadona y Juan Roig, aunque ninguno de los actores quiera reconocerlo ahora. Y es por ello que en breve, en cuestión de una semana, tendremos nuevo capitán al frente del grupo pesquero. Y saldrá de un consenso por necesidad.
CONTRA el desempleo hay que tener muchos planes, recurrir a medio abecedario si hace falta. Como un bucle que cierra un círculo envenenado, aquel que establece que sin actividad no hay empleo, y sin trabajo tampoco hay consumo ni demanda, la crisis puede mostrarnos muchas caras, pero los matices desaparecen en un país con una tasa de paro del 26%, con prácticamente cuatro puntos por debajo en el caso de Galicia. De ahí que el empleo necesite planes. Y hace bien la Xunta en mirar hacia los más jóvenes, en un país con una tasa de paro del 55% entre los menores de 25 años.
Al plan de empleo juvenil presentado esta semana, que cuenta con 100 millones de dotación para dos años, le falta pasar la prueba del algodón, la que vendría a demostrar si hablamos de una inyección real de fondos o lo hacemos en cambio de una reasignación de partidas presupuestarias. A falta de mayor concreción, es de suponer que se trata de la segunda opción, la de marcar prioridades y reasignar dotaciones. La Xunta alude a políticas transversales para contribuir a dar salida laboral a los 28.000 menores de treinta años que no tienen formación o solo cuentan con estudios primarios. Y también para unos 16.000 ‘ninis’ (ni estudian ni trabajan). Pero ante estas cifras quizá habría que preguntarse si el problema está en la salida laboral o en los orígenes educativos de estos jóvenes, es decir, hasta qué punto el fracaso escolar condiciona toda política activa de empleo en este ámbito. El abandono escolar temprano (jóvenes entre 18 y 24 años) se sitúa en Galicia en el 20%, frente a la media española del 23,5%. ¿Es entonces un problema laboral o educativo?
JOSÉ MANUEL SORIA ♦ Reforma energética y críticas a las empresas, tanto da,
LLEGA EL MOMENTO del cuerpo a cuerpo. El ministro de Industria entra a cualquier trapo, sea quien sea el interlocutor, con tal de defender su gestión. Cuerpo a cuerpo el que ha tenido José Manuel Soria con uno de los principales ejecutivos de las eléctricas, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Desde Londres, el empresario advirtió que su compañía se siente más británica, mexicana o estadounidense que española. Duras palabras, que sirvieron para acompañar el anuncio de que Iberdrola recortará en un 85% sus inversiones en España. El ministro pasa al contraataque al asegurar que la compañía lleva reduciendo sus inversiones en España dese 2009, y viene a decir algo así como que no es cosa suya, de su negociado, y tampoco de la inseguridad jurídica que ha creado una reforma energética improvisada cada semana. Desde la patronal eléctrica cierran filas con Sánchez Galán ¿Quién será el siguiente en subirse al ring?
ANTONIO COUCEIRO ♦ La pervivencia de Begano, fruto de su gestión en Coca Cola
SU SALIDA de la primera línea ejecutiva de Begano, hace un mes, fue discreta, en línea con su carácter. El exconselleiro Antonio Couceiro, un muy bien pagado ejecutivo de la concesionaria gallega de Coca-Cola, hizo las maletas meses después de consumarse la integración de todas las embotelladoras, pero cuando no había arreciado la tormenta que sufren los trabajadores de lo que se conoce ya como Coca-Cola Iberian Partners. Serán cuatro las plantas que echarán el cierre, de un total de once repartidas por España. Y la antigua Begano no se encuentra en la lista de bajas fabriles, indicativo de que algo habrá hecho bien Couceiro al frente de la compañía gallega, de capital familiar hasta su compra e integración. Es más, en pleno boicot a Coca-Cola en Madrid, ha sido el stock de la planta gallega lo que ha servido para abastecer a su principal mercado.
