¿Turismofobia? Debate en la calle, alerta institucional

MIENTRAS los medios acuñan el neologismo de turismofobia, las comunidades autónomas, que llevan años tratando de poner orden en los puntos más conflictivos del sector, procuran dar un paso más para controlar los alojamientos ilegales o la masificación.

La polémica tiene varias ramificaciones: por una parte, se discute sobre este tipo de actuaciones, condenadas prácticamente en todas las esferas, desde la política hasta la económica; pero también se ha generado un debate sobre el modelo turístico y la sobreexplotación de algunos destinos.

Más aún después de que el mayorista turístico alemán Tui, el más importante de Europa, haya dicho que España está bastante llena ya de turistas y que, además, los precios han subido, por lo que cree que hay otros países que podrían beneficiarse.

En medio de ese panorama, algunas comunidades creen que regular las viviendas de alquiler turístico, recuperar los llamados destinos 'maduros', contribuir a la desestacionalización e incluso imponer una tasa por visitante son claves para limitar el turismo de masas y su derivada más penosa, el 'turismo de borrachera'. Y, de paso, ahorrarse protestas de los vecinos.

Las protestas: Cataluña, Baleares y País Vasco
En Cataluña, comunidad donde se iniciaron las acciones contra intereses turísticos, la Generalitat expresa que "velará por los visitantes y por la marca de Cataluña" y, para ello, ejercerá la acusación particular en la causa del ataque al bus turístico de Barcelona, que reivindicó Arran, organización juvenil vinculada a la CUP.

Por este ataque también presentó una denuncia Transports Metropolitans de Barcelona, que valoró los daños materiales y el paro del servicio en 1.850 euros.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue una de las primeras en tomar medidas contra la masificación turística aprobando moratorias a nuevos hoteles y apartamentos turísticos.

Colau condena "firmemente" las acciones contra el turismo, si bien pide "no magnificar hechos aislados", pues lo que "es normalidad en la ciudad es la convivencia entre ciudadanos y visitantes".

Ya el año pasado había pintadas contra el turismo en el centro de Palma, pero los episodios vandálicos se han recrudecido este, con tres nuevas acciones: la primera de las cuales –el uso de bengalas, pancartas y confeti lanzado a los turistas de la terraza de un restaurante del Moll Vell– ya tiene una propuesta de sanción de 1.200 euros por parte de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Desde el Govern balear, su vicepresidente, Biel Barceló, critica duramente este tipo de actuaciones y, aunque dice compartir la preocupación por el "actual modelo turístico de masas" de Baleares y su modelo económico "desequilibrado", advierte de que "no se puede jugar así con la principal" industria del archipiélago.

El Ejecutivo balear, de PSIB-PSOE y Més, ha abogado desde el principio de la legislatura por un cambio en el modelo y, de hecho, entró en vigor la modificación de la Ley de Turismo para acabar con la "especulación" en el alquiler de las viviendas y promover un modelo "responsable, sostenible y equilibrado".

Con esta ley se fija un "techo máximo" de plazas turísticas en Baleares, de unas 623.600; de ellas, 300.130 hoteleras, 92.930 de alquiler en vivienda vacacional y 42.650 disponibles en una bolsa de plazas.

En el País Vasco, la preocupación por estas protestas se acrecentó el miércoles, cuando las juventudes de Sortu, Ernai, atacaron con pintura la sede de la agencia Basquetour en Bilbao.

Partidos e instituciones salieron entonces en defensa del sector y algunas fuerzas, como el PSE, pidieron a la izquierda abertzale que pusiera fin a las protestas de sus jóvenes.

Hay un consenso generalizado acerca de que Euskadi no tiene un turismo "masificado" y de que, por lo tanto, no es necesario cambiar el modelo, que apuesta por ser "sostenible y de calidad", en palabras del propio lehendakari, Iñigo Urkullu.

No obstante, la consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, anima a "trabajar entre todos para buscar una solución" a los "momentos puntuales" de masificación en la parte vieja de San Sebastián. "No niego el problema", dice.

Precisamente en la capital donostiarra, las empresas del sector y las instituciones han cerrado filas en torno a un sector que supone el 13,4% del PIB local y han dado una imagen de unidad en defensa del turismo "diferenciado, sostenible y de calidad".

Otras comunidades autónomas de sol y playa
En Andalucía, por ahora, no se han producido casos de la llamada turismofobia, un asunto sobre el que se ha pronunciado esta semana el consejero andaluz de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, quien aboga por distribuir en el territorio la "presión turística" para evitar conflictos entre turistas y vecinos.

Fernández diferencia Andalucía de otros destinos como Cataluña, donde "prácticamente el 70 por ciento del turismo se concentra en Barcelona", o Baleares, que sufre "un problema, porque tienen monocultivo en el turismo".

"Nosotros no estamos en las mismas circunstancias", asevera Fernández, quien añade que puede haber "problemas concretos en alguna ciudad, en algún momento que coincida con las fiestas, pero no es algo que sea generalizado".

Sin embargo, el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa, Norberto del Castillo, avisa de que "no es sostenible subir todos los años en turistas" y ha apostado por enfocar la promoción a mercados con alto poder adquisitivo.

"Llegará un momento en que no tendremos agua o luz y habrá el triple de turistas que la población residente", manifiesta Del Castillo, quien asegura que "ya hay problemas en Baleares y Barcelona" por el crecimiento turístico.

Canarias no ha tenido ningún episodio violento ni lo espera, sobre todo porque las zonas de afluencia de turistas y las de residentes están bastante diferenciadas.

En 2015, el Gobierno canario reguló el alquiler vacacional con un decreto muy restrictivo, que prohibía ejercer esta actividad en zonas catalogadas como 'turísticas' y que vetaba el alquiler por habitaciones, aspectos anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por infringir el derecho de libertad de empresa y la directiva europea sobre servicios.

Otra reciente sentencia del TSJC anuló más artículos, entre ellos uno que permitía a la administración disponer, vía decreto, cómo debe comportarse el turista que elige alojarse en una vivienda de alquiler vacacional, incluso si se limita a imponerle el respeto a unas mínimas normas de civismo.

Frente a la tan manida turismofobia de las últimas semanas, el presidente valenciano, Ximo Puig, considera que en su comunidad lo que hay es 'turismofilia', ya que esta autonomía, a su juicio, es "abierta, hospitalaria y de vocación turística".

Ximo Puig cree que el debate generado es "artificial", porque "siempre ha habido problemas cotidianos, que no son turismofobia", al tiempo que ha criticado al PP por "instrumentalizar" este asunto.

La Generalitat Valenciana está incoando diligencias previas que podrían desembocar en la apertura de expedientes sancionadores a siete plataformas de alquiler de viviendas por la supuesta comercialización de apartamentos ilegales.

Podemos-Podem, partido que da sustento parlamentario al Gobierno valenciano, ha convocado a vecinos y profesionales de la hostelería a un debate sobre "la gentrificación de la ciudad y los nuevos modelos de turismo masivo" a partir del próximo mes de septiembre.

En Murcia, su presidente, Fernando López Miras, califica de "graves" los actos vandálicos contra el sector turísticos y ha subrayado que "más grave aún es la actitud de quienes no los condenan".

El Ejecutivo murciano dice que apuesta por un turismo de calidad y desestacionalizado, para lo que va a potenciar el deportivo, el gastronómico y el religioso, como el de Caravaca de la Cruz jubilar, que ya ha superado el millón de visitas.

Según el Instituto de Turismo de Murcia, ya se han puesto en marcha medidas que buscan regularizar mejor la afluencia de turistas, estableciento refuerzos de las inspecciones para descubrir alojamientos vacacionales que sean clandestinos a través de un dispositivo especial que contempla medio centenar de controles y sanciones para los alojamientos irregulares de entre que oscilan en cantidades que van de 1.000 y 10.000 euros.

Los territorios menos masificados
Durante la última semana han aparecido cuatro pintadas en Oviedo en contra de los turistas, pero el Gobierno asturiano dice que es un hecho aislado que no tiene que tener protagonismo ante un sector que supone ya el 10 por ciento de su PIB.

El consejero de Turismo, Isaac Pola, argumenta que esta comunidad ofrece turismo sostenible, de calidad y "armónico" con la naturaleza, que no colisiona con otros sectores.

Ayuntamiento de Oviedo, hosteleros y vecinos han condenado las pintadas hechas en la capital asturiana, donde su alcaldesa en funciones, la socialista Ana Rivas, dice que son acciones "absurdas" que no dejan de ser actos vandálicos que afectan al patrimonio.

Por el momento, Aragón es ajena a esta polémica y su Gobierno regional sigue trabajando por implantar en la comunidad un modelo basado en la calidad.

El Ejecutivo aragonés aprobó el año pasado un Plan de Estrategia Turística 2016-2020, que busca impulsar prácticas de turismo sostenible que impliquen el cuidado de los recursos naturales y que se favorezca tanto la conservación del medio natural como la práctica de un ecoturismo responsable y socialmente justo con los habitantes locales.

Tampoco Madrid ha sufrido hasta ahora ninguna protesta de este tipo y, lejos de intentar contener la llegada de turistas, tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de la capital se han volcado en los últimos meses en iniciativas para hacer más atractiva la comunidad y atraer a más visitantes, sobre todo extranjeros. La última de ellas es un acuerdo con Iberia para que esta aerolínea proyecte en sus vuelos internacionales un vídeo con imágenes de la región.

No obstante, ante el gran aumento de apartamentos turísticos en la capital y la subida de los precios del alquiler de viviendas, se está preparando un decreto para ponerles coto, una nueva normativa que, entre otras cosas, creará un certificado de idoneidad para las viviendas, permitirá que las comunidades de vecinos veten los apartamentos turísticos y tratará como empresas turísticas a plataformas como AirBnb.

La presidenta autonómica Cristina Cifuentes, lamenta los ataques contra intereses turísticos e incide en el hecho de que los responsables sean siempre grupos de izquierda.

Comunidades del interior como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Navarra y La Rioja no han sufrido ningún caso de turismofobia y sus autoridades comparten la idea de proteger el turismo como una oportunidad de desarrollo, lo mismo que Cantabria o Galicia.