Tres funcionarios municipales declararon este lunes como investigados en la pieza de la operación Pokemon que indaga sobre las supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de la Ora a la empresa Doal, del grupo Vendex. Los tres, según confirmaron fuentes conocedoras del caso a este diario, negaron su participación en dichas irregularidades y circunscribieron sus actuaciones en el proceso dentro de las funciones normales que les asigna la norma.
La jueza Pilar de Lara los había citado a declarar en base a unos documentos encontrados en el despacho del delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, que hicieron sospechar a los investigadores de que este podría haber tenido acceso a los informes técnicos y los pliegos de condiciones antes que otras empresas, e incluso podría haber solicitado modificaciones en su favor.
Por este motivo citó al jefe del servicio de Ingeniería, al de Contratación y a una trabajadora de este último departamento. Las declaraciones de todos ellos tuvieron, según las citadas fuentes, una carácter muy técnico, para aclarar cuál fue el papel de cada uno de ellos en el proceso y las normas y plazos que rigen el mismo.
Fue la funcionaria la que menos tiempo pasó en juzgado, apenas media hora. Ante De Lara, habría explicado que su única participación fue la emisión de un informe ante una petición de los servicios legales del Concello. También negó haber recibido cualquier tipo de presión o indicación por parte del entonces alcalde, José López Orozco, o de Francisco Fernández Liñares.
Los funcionarios defendieron que todas las partes tuvieron acceso al expediente completo para poder presentar recurso
La misma versión la mantuvieron los otros dos interrogados, que también negaron haber recibido regalos por parte de Vendex. Según habría afirmado uno de los funcionarios, el interés de Orozco por estas cuestiones se limitaba a preguntar por los retrasos en la emisión de algunos informes para poder llevar a cabo la adjudicación.
Además, indicaron que los papeles que se encontraron en poder de Tutor podrían formar parte del expediente una vez que se había realizado la adjudicación, cuando ya es público y todas las partes que estaban interesadas en el mismo pueden tener acceso a toda la documentación al completo.
De hecho, contra esta adjudicación interpuso un recurso otra empresa que concursó por el mismo contrato, y el proceso judicial implicaba tanto a la adjudicataria como al Concello, que en este caso defenderían los mismos intereses.
El jefe de Contratación habría explicado además que él se limitaba a elaborar los pliegos, que no eran muy diferentes a los de otras adjudicaciones anteriores.
Los tres funcionarios estaban llamados a declarar por supuestos delitos de tráfico de influencias y de revelación de secretos. El principal sospechoso sería el jefe de Ingeniería, encargado de elaborar el informe final, que los investigadores sospechaban que contenía puntos que podría haber solicitado el mismo Tutor, ya que los documentos encontrados en su despacho contenían anotaciones a mano que este podría haber hecho para dirigir la adjudicación. De hecho, hasta solicitaron la realización de una prueba caligráfica para confirmarlo.
SOBRESEIMIENTO. En los interrogatorios de ayer, que se prolongaron hasta más allá de las cuatro de la tarde, no estuvo presente ningún representante de la Fiscalía. Sí estuvo entre los abogados el defensor de López Orozco, Gregorio Arroyo, que consideró que las declaraciones habían sido lo suficientemente precisas como para aclarar que, al menos en lo que respecta a su cliente, no había delito alguno.
En el mismo sentido, consideró que lo único que le resta es «insistir en el sobreseimiento, porque Orozco es absolutamente inocente y nada tiene que ver con esos supuestos delitos que aparecen en esas diligencias».
