Acaba la segunda jornada del juicio del caso Campeón mucho más rápido de lo que se esperaba: La mayoría de abogados no hicieron preguntas y buena parte de la quincena de testigos citados –la mayoría agentes de Vigilancia Aduanera– aseguraron que no recordaban los detalles sobre los que fueron cuestionados. Los testigos no aclararon por qué los instructores —juzgado y agentes— no hicieron nada para evitar que Nupel cobrase ilegalmente 2,9 millones de euros públicos.
Los agentes que investigaron el caso sabían meses antes que la subvención del Igape se había aprobado de forma irregular, sin embargo permitieron que Nupel recibiera los dos plazos de unos fondos que al final desaparecieron.
Los testigos no respondieron a la mayor parte de las preguntas que trataban de demostrar la responsabilidad o no del empresario Javier Rodríguez –Proitec– en la gestión de la subvención y el préstamo del Igape.
Dos empleados de Proitec aseguraron que Rodríguez se dedicaba a los proyectos de ingeniería y que ni siquiera tiene ordenador, que trabaja siempre en la calle y en las obras, nada de asesoría.
UNA ESTRATEGIA DE "INTERÉS" CONTRA RODRÍGUEZ. El abogado que se ocupa de la defensa de Javier Rodríguez, José Luis Fiuza, apunta a que el hecho de que el resto de acusados, interrogados el martes, entre ellos el supuesto cerebro de la trama, Jorge Dorribo, implicasen a su cliente en el fraude responde a una "estrategia de interés".
El letrado hizo estas declaraciones antes del inicio de la segunda jornada del juicio después de que el martes el principal implicado, el empresario Jorge Dorribo, asegurase que ambos socios de Proitec "estaban al corriente de todo" y "en esa época" las "reuniones eran continuas", tanto con él como con Carlos Monjero.
En concreto, afirmó que todas las gestiones para la tramitación de las subvenciones eran realizadas por esta empresa y "para tomar cualquier decisión" tenía "que estar presente Javier".
"Lo que ha pasado ayer en relación con los otros acusados era totalmente previsible. En el momento en el que se decidió que veníamos a juicio ya contábamos con ello. Ni nos ha sorprendido nada, ni creemos que esto cambie absolutamente nada", dijo Fiuza.
El letrado que defiende a Javier Rodríguez dijo que "ellos sabrán por qué lo hacen" y "por qué contestan a las preguntas del fiscal, pero no quieren contestar a nuestras preguntas".
En cuanto a la jornada final del juicio y a las conclusiones de la defensa, adelantó que "mañana sí es un día importante", porque "van a quedar al descubierto muchas cosas", algunas de las cuales podían "haberse visto ayer" si los otros acusados hubiesen aceptado responder a sus preguntas.
"Hemos tomado mucho riesgo con nuestra decisión" de ir a juicio, comentó Fiuza, pero "se ha asumido, precisamente, por el convencimiento de la inocencia. Si estuviésemos convencidos de que éramos culpables, hubiésemos arreglado de la manera que fuese. Como no es así, como creemos en la Justicia y creemos en la Audiencia, tenemos esperanzas", zanjó.
El fiscal pide para Javier Rodríguez penas de cárcel que suman cuatro años y dos meses de reclusión, así como el pago de multas por un importe que se acerca a los 3,5 millones de euros, por dos delitos contra la hacienda pública y otro continuado de cohecho; mientras que la acusación de la Xunta solicita casi cinco años de prisión y multas por valor de 18,5 millones de euros.
