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Sospecha sobre la política

LA PRESENCIA DE POLÍTICOS en los juzgados, las investigaciones sobre presuntas tramas de corrupción en la gestión pública, que incluye la presunta financiación opaca de los partidos, se convierte en una constante noticiosa. Ayer se conoció que al exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, que hubo de dimitir por la investigación judicial, le pide el fiscal 2,5 años de cárcel y una multa de 900.000 euros. También ayer se produjo en Ourense un voto que reflejó la pérdida de confianza del actual alcalde. Anuncia que no dimitirá. El problema político ourensano arranca con los problemas judiciales y el gasto en gin-tonics para celebrar la salida de la cárcel del anterior alcalde. Pero el impacto fuerte de ayer es la imputación de Cacharro Pardo en la Operación Muralla y la petición de suplicatorio sobre José Blanco. Dos de los nombres más significativos de la política lucense en las últimas décadas coinciden en la crónica judicial: el todopoderoso Cacharro, en más de dos décadas en la Diputación, y el también todopoderoso José Blanco, secretario de Organización con Zapatero y luego ministro de Fomento. Un fuerte impacto informativo, al menos en Lugo, con la acción de la Justicia sobre la actuación de algunos políticos. No se debería, como se ha pretendido en alguna ocasión, hacer valoración política o pretender teñir de política la acción de los jueces. Los diferentes colores de los imputados desmienten esas pretensiones. La Operación Muralla, que reaparece, sirve para volver sobre los tiempos en la Justicia. Las carencias de medios humanos explican con frecuencia la lentitud que llevan algunos casos por su complejidad y su amplitud. Ha de primar obviamente el interés superior de la Justicia sobre las comprensibles peticiones de celeridad por el impacto de las investigaciones e imputaciones de cargos públicos.

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