El encargado general de la fábrica de granito de Ingemarga, el delegado de prevención de riesgos laborales y otros cuatro cargos intermedios fueron juzgados este jueves en el Penal número 1 de Lugo por su presunta responsabilidad en el accidente laboral que sufrió un trabajador de esta empresa, sita en Guitiriz. El operario limpiaba el foso de una máquina y sufrió un aplastamiento de una vértebra al caerle encima un bastidor.
Durante la vista oral, los seis acusados coincidieron en señalar que se habían cumplido todas las medidas de seguridad y que un accidente como el ocurrido era imprevisible. "No nos podíamos imaginar que pasara tal cosa con la sierra parada", dijeron. Los acusados afirmaron además que Ingemarga había contratado la gestión de las medidas de seguridad a una empresa externa y que ellos no tenían ninguna orden para incrementar las precauciones con la sierra parada.
El accidente laboral se produjo hace ya más de cinco años, en febrero de 2010. El trabajador, de 37 años de edad, se encontraba con otros compañeros en una máquina serrando bloques de granito. Antes de continuar con esa labor, se metió en el foso para retirar unos tacos de madera que habían quedado de la operación anterior.
Justo en ese momento se rompieron dos tuercas de bronce y se cayó el bastidor de la máquina, que golpeó al operario en la espalda y en la parte posterior de la cabeza. A consecuencia del impacto, el hombre sufrió la fractura de una vértebra por aplastamiento. Cuando le golpeó el bastidor, el trabajador llevaba puesto el casco protector y el foso de la máquina impidió la caída total de la pieza.
El fiscal, según recoge en su escrito de acusación, aprecia varias anomalías que propiciaron el accidente. Cita por ejemplo que "no se colocó el sistema de seguridad previsto en la evaluación de riesgos". También indica que los operarios, como el herido, realizaban las tareas de limpieza "sin los dispositivos de protección, con la consiguiente probabilidad de riesgo".
El ministerio público considera igualmente que los seis acusados pecaron de "exceso de confianza" porque consintieron que el trabajador se metiese debajo de la máquina "sin colocar cadenas de seguridad". Señala además que las tuercas se rompieron por incumplir las instrucciones de mantenimiento relativas a la limpieza, porque solo llevaban la mitad de las 6.000 horas de uso que se preveían para su desgaste.
El ministerio fiscal acusa a los seis encargados de Ingemarga de un delito contra los derechos de los trabajadores y solicitó para ellos en su escrito de conclusiones provisionales sendas penas de dos años de cárcel y multas de 3.600 euros.
