El Ayuntamiento de Sarria inició los trabajos de retirada de varios juegos del parque infantil del barrio de As Insuas de la villa para devolver a su propietaria la parcela y dar así cumplimiento a una sentencia judicial.
La finca fue objeto de una permuta forzosa en 2006 para la construcción de la piscina climatizada, pero ahora debe ser revertida a su propietaria al no levantarse en ella esta instalación deportiva.
Las labores para devolver los terrenos, las cuales arrancaron el pasado miércoles, fueron adjudicadas por el Ayuntamiento en 7.500 euros. Los trabajos comenzaron con la retirada de juegos, ya que el parque infantil, construido en el año 2012, ocupa una parte de la finca. Se colocaron ya postes delimitando la inmensa mayoría de la superficie de la parcela.
Para devolver el solar, habrá que desmontar, además, parte del pavimento acolchado y del vallado de madera que delimita la zona en la que se encuentran los juegos dirigidos a niños de menor edad. En este espacio se retirarán también unos columpios.
El Concello tiene que revertir la parcela en las mismas condiciones en las que se encontraba en el momento de la permuta, es decir, con un centenar de árboles frutales. Asimismo, debe instalar un cierre con postes de hormigón y colocar una cancilla metálica.
PROCESO JUDICIAL. De esta forma, el Ayuntamiento dará cumplimiento a una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lugo de 2013, que fue confirmada al año siguiente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Además, este condenó a la Administración local a pagar 1.200 euros de costas por el recurso de apelación.
Después de estos fallos y al ver que no se procedía a la devolución de la finca, la propietaria solicitó la ejecución forzosa de la sentencia. Entonces el juzgado lucense requirió al Concello «a fin de adoptar las decisiones y medidas procedentes tendentes al cumplimiento íntegro de la ejecutaria». El Ayuntamiento alegó que no había documentación que acreditase el estado original de la parcela, aunque el tribunal rechazó este argumento y le concedió seis meses para revertirla.
Al no hacerlo, el juzgado le envío requerimientos personales a la alcaldesa para que concretase los plazos en los que se llevaría a cabo la devolución de la parcela, a lo que el Ayuntamiento señaló que estaba a la espera de recibir la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS).
Ante las resoluciones judiciales la Administración local elaboró una memoria, en la que se valoraba el coste de la actuación en 8.400 euros y se calculaba el plazo de ejecución en tres meses.
Finalmente, el Ayuntamiento sacó a concurso las obras el pasado mes de diciembre y se presentaron dos empresas. Los trabajos fueron adjudicados a Roberto Carlos Torres López y cuentan con un plazo de ejecución de 20 días, según se señaló entonces.
