Sarria figura a la cabeza de la provincia en número de quejas a la Valedora do Pobo

El municipio de Sarria se encuentra a la cabeza de la provincia en número de quejas ante la Valedora do Pobo, con un total de 132 denuncias, según consta en el informe de este organismo correspondiente al último ejercicio. La perrera instalada provisionalmente por el Concello en la Rúa do Porvir hace un año motivó la mayoría de estas reclamaciones.

En el conjunto de la provincia, se presentaron en 2016 un total de 395 quejas, siendo Sarria el concello con más actividad, seguido muy de lejos de la capital lucense (63) y Abadín (59).

Por lo que respecta a la comarca, se contabilizaron seis denuncias en Triacastela, referentes a asuntos como la protección del yacimiento de Cova Eirós. La Valedora do Pobo recibió también un escrito desde Paradela y otro de Láncara, mientras que en O Incio, O Páramo y Samos no se produjo reclamación alguna. Según el informe, fueron 122 los ciudadanos de Sarria que se dirigieron a este organismo a lo largo del pasado año para solicitar el cierre del refugio de animales.

Las estadísticas de la Valedora do Pobo dan cuenta también de varios requerimientos al Concello. Tal y como explica, en 2016 no fue necesario llegar al extremo de declarar hostil o entorpecedor a ningún poder público en Galicia, pero sí tuvo que realizar recordatorios de deberes y advertencias "enérgicas" exigiendo el deber de prestar la ayuda y la colaboración que le sean demandados desde esta entidad. Las llamadas de atención más contundentes, dice, se dirigieron en 2016 en 26 ocasiones a algún departamento de la Xunta y en 72 a diferentes Ayuntamientos, entre los cuales Sarria recibió tres advertencias.

De igual modo, añade, fueron seis las veces que la Valedora do Pobo tuvo que reiterar a la Administración local la petición de la documentación solicitada.

Se da la circunstancia de que hace solo unos días el Ayuntamiento acordó dirigirse a la institución que preside Milagros Otero para solicitar amparo en el caso de Ponte Ribeira. El gobierno local acordó enviar, tanto a este organismo como al Defensor del Pueblo, el expediente de las obras ante las discrepancias con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.