Con independencia de que este sea o no el caso, la muerte de tres guardias civiles en León durante el rescate de un montañero reabre el debate sobre las imprudencias en los deportes o actividades de riesgo, en las que se implica también a terceras personas que en casos extremos auxilian a quienes traspasan el límite de su aventura, más allá de lo razonable o tolerable. Cada cual es muy libre de desafiar el peligro hasta donde le apetezca, pero no tiene derecho, al menos moral, a jugar alegremente con la vida de otras personas, que aunque tengan el deber de socorrer a los ciudadanos, como es el caso de la Guardia Civil, su servicio a la sociedad tiene otros fines, en circunstancias no provocadas por la irresponsabilidad de quienes traspasan el límite. Convendría responsabilizar directamente, y los catalanes ya lo hacen, a quienes demandan asistencias tan especiales: que los paguen de su bolsillo. El contribuyente no tiene por qué asumir gastos que al fin y al cabo son de índole muy particular, y a la vez ello contribuiría a disuadir este tipo de conductas.
