LA PETICIÓN de la jueza Alaya de imputar a dos expresidentes de la Junta de Andalucía y a cinco exconsejeros no se puede despachar desde la responsabilidad política con la tópica declaración de manual: todo el respeto y acatamiento para las decisiones judiciales. No puede ser de otra manera. La respuesta política a este hecho pide valentía, y en positivo. La dimensión así lo exige. Y el impacto en la opinión pública, en el contexto actual de desconfianza y desafección de la política, lo urgen. La Justicia lleva su camino y tiene sus tiempos. La política ha de dar su respuesta, sin que sirva como excusa para dilatar en el tiempo, la espera por la decisión judicial. Con todos los precedentes de la actualidad sobre corrupción o presuntas corrupciones -caso Bárcenas, Gürtel, Cataluña, Valencia, Baleares-, y con este estallido del hedor que se fue filtrando con los Ere de Andalucía, es responsabilidad de las principales fuerzas políticas y de sus dirigentes dar señales en un doble sentido: no desdibujar la realidad que todos ven o sospechan y un compromiso de cambio. La transparencia en la financiación de los partidos y una penalización de cuando esta sea irregular es una cuestión permanente. A la vista de este caso y otros en Andalucía, lo es también ver los riesgos reales para el abuso, la arbitrariedad y la corrupción que representa una larga permanencia en el poder.
MAL ESPEJO
La crónica de la sesión parlamentaria de ayer en Santiago refleja la continuidad de esa propensión al ambiente de trifulca tabernaria que viene marcando esta legislatura. Una realidad de violencia verbal y de gestos que ninguna relación guarda con el control del ejecutivo, la discusión de ideas y la formulación de alternativas. Es un espejo deforme de este país.
