Recursos, apelaciones y movilizaciones contra la autorización de los sondeos petrolíferos

El Gobierno canario pedirá en su momento la suspensión cautelar de las prospecciones petrolíferas ante los tribunales y continuará la movilización política y social ante las instancias europeas y la ONU si fuese necesario, dijo hoy el comisionado para el autogobierno regional, Fernando Ríos.

El comisionado dijo en declaraciones a EFE que el Ejecutivo regional "esperaba" que el Ministerio de Industria publicase en agosto la autorización a los sondeos en aguas próximas a Canarias, lo que el Gobierno autonómico "rechaza en la forma y en el fondo". "Es una tomadura de pelo más del ministro Soria a los canarios", dijo Fernando Ríos, quien calificó de "cinismo" la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado de la autorización a Repsol porque, añadió, el plazo para presentar alegaciones finalizó el pasado viernes "para algunas partes".

De ello se deduce, continuó Ríos, que ha habido "muy poco tiempo" para analizar las alegaciones y si se hubiesen estudiado "la consecuencia lógica hubiera sido retrotraer todo el expediente al principio", pues el Gobierno canario entiende que hay defectos formales "muy graves" que invalidan todo el procedimiento.

En consecuencia "no sólo no se lo han leído sino que ni siquiera han contestado", argumentó el comisionado para el desarrollo del autogobierno, quien aseguró que el ministro de Industria "se está riendo de todos los canarios".

También el Cabildo de Lanzarote ha rechazado la decisión de Industria y ha anunciado que la recurrirá y apoyará las movilizaciones para las próximas semanas y meses.

En opinión de esta corporación insular, gobernada por CC y PSOE, la decisión del Ministerio representa el "último y definitivo atropello" a la población canaria por parte del "connivente binomio formado por Repsol y el Gobierno de Mariano Rajoy", según indica en un comunicado.

El Cabildo de Lanzarote recurrirá la decisión con un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía y secundará iniciativas en ámbitos jurídicos, políticos, empresariales, científicos y sociales de toda Europa.

La corporación lanzaroteña sostiene que el Gobierno central "ha despreciado literalmente" los innumerables recursos, alegaciones, manifiestos, mociones y documentos elaborados en los dos últimos años por el Parlamento y el Gobierno de Canarias, por los cabildos de las islas, ayuntamientos, entidades científicas, organizaciones sociales y miles de personas de las islas y de España.

Del mismo modo, las cinco principales oenegés medioambientales han firmado hoy un comunicado conjunto en el que rechazan la autorización concedida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a la multinacional Repsol para buscar petróleo en aguas próximas a Canarias y anuncian un recurso ante los tribunales.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han advertido de que recurrirán la decisión administrativa ante los tribunales españoles y los europeos.

Según estas organizaciones, el proceso para emitir la autorización ha sido "notoriamente irregular" con una tramitación "plagada de falta de información y trabas burocráticas que han impedido que se conociera con claridad su contenido", lo que ha impedido "una verdadera y transparente" participación en el proceso.

Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Industria, Enrique Hernández Bento, defendió, tras el anuncio realizado por su departamento y las críticas siguientes, que los sondeos exploratorios en busca de hidrocarburos que el Gobierno ha autorizado a Repsol en aguas cercanas Canarias se harán con "las máximas garantías de seguridad".

Con esta autorización, el Gobierno pone fin a "un largo proceso", que ha sido el que "más garantías medioambientales y desde el punto de vista de seguridad de las personas" ha tenido en España, ha destacado Hernández Bento.

Industria recuerda que, desde los años cuarenta, se han hecho en España más de 600 sondeos de hidrocarburos y subraya que la normativa que se aplica en estos momentos es la más exigente en materia ambiental que ha tenido el país, de acuerdo con lo que exigen las directivas de la Unión Europea.