Quintana se abre a asumir las peticiones del lácteo, pero no ''pistolas en el pecho''

El presidente Rajoy, de visita este miércoles en Ourense, reclama "la aportación de todos" los implicados en la crisis -industria, distribución y productores- para "forzar" un acuerdo

La conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, ha señalado este miércoles que está dispuesta a asumir todas las peticiones del sector lácteo que "legalmente podamos adoptar, pero no vamos a tomar ninguna medida en contra de la norma, porque esto puede repercutir negativamente en el sector", ni a aceptar "pistolas en el pecho".

Es lo que ha manifestado la representante autonómica en Curtis (Pontevedra), a preguntas de los periodistas, y ha reiterado el mensaje lanzado tanto por la ministra de Agricultura como por representantes del sector, en el sentido de fijar un precio mínimo para el producto.

Quintana ha argumentado que "no se le puede mentir a la gente", es decir, que no se acepta ninguna de las medidas puestas encima de la mesa por los Gobiernos gallego y central para a continuación exigir que se fije un precio mínimo, porque eso es ilegal". Y de ese modo, ha advertido, lo que demandarían es "ponerme una pistola en el pecho" y pedir "que haga algo ilegal".

La conselleira ha aludido a las declaraciones de un portavoz de la Comisión Europea, Enrico Brivio, que ha dicho que no se puede fijar un precio mínimo en ningún tipo de producto y que no hay conocimiento alguno de que en Francia se haya adoptado un acuerdo tal. Ha recordado, asimismo, que las administraciones sentaron a los diferentes agentes del sector y les proporcionaron herramientas para superar esta difícil situación, pero tienen que ser ellos los que lleguen a un acuerdo para hacer sostenible el producto, "que fue estrictamente lo que se hizo en Francia".

La conselleira ha asumido la responsabilidad de Galicia a la hora de organizar al sector y ha abogado una vez más por tener organizaciones fuertes, a la vez que ha precisado que Xunta y Gobierno están para reforzar los controles que permitan garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y evitar la posibilidad de la venta a pérdida. En este sentido, han tenido expedientes tanto industrias como distribuidoras.


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